El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha afirmado que el PSOE usa la polémica del ‘pin parental’ como una «cortina de humo» para que no se hable de asuntos como el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Durante una rueda de prensa tras participar en Santa Cruz de Tenerife en una reunión interparlamentaria del PP de Canarias, el popular ha destacado que lo primero que hay que decir sobre la autorización familiar es que se refiere a las actividades extracurriculares.
«Las que no son dadas por el personal docente propio del centro, es decir, las de después del currículo ya fijado por el Ministerio, para que los padres podamos opinar sobre si queremos o no que esas lecciones, esas clases o esos cursos se les den a nuestros hijos», comentó.
González Terol recordó aquí que a los padres les asiste un derecho constitucional recogido en el artículo 27.3 y que «lleva meses funcionando en Murcia sin ningún problema».
«Y es evidente –continuó– que a la ministra de Educación, Isabel Celaá, le interesa sacar y polemizar sobre este asunto pero no le interesa hablar sobre lo que ocurre en la aulas en Cataluña».
Al respecto, el popular mostró su preocupación por el hecho de que una ministra «ataque» a la libertad de elección extracurricular que, dijo, «se está produciendo en la Comunidad de Murcia«, y que, sin embargo, «no luche contra el adoctrinamiento en las aulas ya comprobado que se está produciendo en Cataluña».
EL PP HABLA DE «CORTINA DE HUMO»
Para González Terol, todo este asunto es una nueva «cortina de humo» porque el PSOE «no quiere que se hable de la ministra Delgado, fiscal general del Estado».
«Y no quiere que hablemos de los ERE en Andalucía ni de los 680 millones de euros defraudados por dos presidentes del PSOE. Nosotros, frente a todo esto, vamos a garantizar la libertad de educación, de centro educativo y vamos a proteger la educación pública y la concertada, no como el partido socialista. Y vamos garantizar allá donde gobernemos la libertad de elección constitucional de la educación religiosa o moral que tengan los padres», concluyó.
