Al menos tres comunidades autónomas –Murcia, Andalucía y Madrid– podrían acabar implantando el ‘pin parental’ a instancias de Vox, aunque la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ya ha avanzado en el caso de una de ellas –Murcia–, que recurrirá de nuevo la medida si llega a aplicarse.
El ‘pin parental’ ha regresado a la actualidad nacional tras el nombramiento de la nueva consejera de Educación y Cultura en la Región de Murcia, Mabel Campuzano, de Vox. Campuzano anunció hace unos días que trabajará para imponer dicha medida el próximo curso.
Se trata de uno de los puntos más significativos del programa electoral de Vox en 2019 y una medida exigida reiteradamente para apoyar gobiernos del PP: «Consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales» de sus hijos en los centros educativos.
La formación que lidera Santiago Abascal defiende que el veto de los padres se aplica para «defender» a los menores del «adoctrinamiento» en una determinada ideología, ya que las actividades para las que se pide el consentimiento de los progenitores pueden versar sobre feminismo, sexualidad o LGTBI, temas que rechaza este partido.
Tras las elecciones en la Región de Murcia, en mayo de 2019, Vox condicionó su apoyo al gobierno a la implantación de varias medidas, entre las que se encontraba el ‘pin parental. Se puso en marcha en esta comunidad en el curso escolar 2019-2020, tras el envío de dos Instrucciones en agosto por parte de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Cultura a los centros de enseñanza.
En esas instrucciones se planteaba que «aquellas (actividades) que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo se dará conocimiento a las familias (…) al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades». En resumen, los padres, madres o tutores legales pueden mostrar su rechazo a que el menor realice una actividad complementaria, pero también plantea que si no entregan en el centro educativo el documento con el permiso explícito, «se entenderá que muestran disconformidad con la participación del menor en tales actividades».
En febrero de 2019, el Ministerio de Educación y FP interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) contra la medida. A mediados de marzo, el TSJMU acordó suspender, de manera cautelar y mientras durara la tramitación del recurso, la ejecución de las dos instrucciones. Y en julio, el Tribunal archivó el recurso por «pérdida sobrevenida de objeto», al haber concluido el curso académico.
El ‘pin parental’ ha vuelto a ser de actualidad hace unas semanas, cuando el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, necesitó los votos favorables de tres diputados autonómicos expulsados de Vox para tumbar la moción de censura presentada por PSOE y Cs. La nueva consejera de Educación, Mabel Campuzano, ya ha anunciado que trabajará para imponer la medida el próximo curso. Isabel Celaá, la ministra de Educación y FP, ya ha salido al paso para anunciar que recurrirán de nuevo la medida si se impone.
En situación similar se encuentra Andalucía, donde el ‘pin parental’ también fue una de las exigencias de Vox para dar su apoyo al PP, pero nunca se llegó a implantar. En febrero de este año, la Junta y Vox acordaron impulsar «un sistema transparente de información a los padres a través del cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución Española».
Sin embargo, los de Abascal no quedaron contentos con este compromiso y poco después amenazaron con dejar de dar su apoyo a la Junta hasta que no se implante el ‘pin parental’. Esta petición ha dado lugar a la celebración en marzo y abril de reuniones para abordar el asunto, por lo que en esta comunidad, el ‘pin parental’ está actualmente en negociación.
‘HÍBRIDOS’ DEL ‘PIN PARENTAL: EL CASO DE MADRID
En el caso de Madrid, el PP siempre ha rechazado el ‘pin parental’ que imponía Vox. El debate sobre esta medida ya fue planteada al inicio de la legislatura en la Comunidad, pero finalmente Vox desistió de exigirlo para el acuerdo.
A pesar de ello, la Consejería de Educación mandó unas instrucciones a los centros para que, antes del proceso de admisión, se difunda en la web de éstos el proyecto educativo del centro, el reglamento interno y las normas de convivencia y los programas educativos, «incluyendo las actividades complementarias y extraescolares».
Sin embargo, no es la medida exigida por Vox, que de nuevo insistió en la implantación del ‘pin parental’ en la negociación para apoyar los últimos presupuestos de la región. Aunque Ayuso lo descartó en un primer momento, posteriormente coincidió con los de Abascal en que las familias tengan más información. Poco después, el pasado 10 de marzo, la presidenta convocó elecciones y la actual presidenta no ha descartado formar un gobierno con Vox, una posibilidad en la que es probable que se vuelva a plantear la implantación del ‘pin parental’.
OTRAS CCAA DEL PP, PERO SIN ‘PIN’: GALICIA Y CYL
En Galicia, Vox recuperó el ‘pin parental’ en las elecciones gallegas del verano de 2020 como exigencia para apoyar un posible gobierno del PP en caso de ser clave. Sin embargo, Alberto Núñez Feijoó ganó holgadamente las elecciones, consiguiendo mayoría absoluta.
En Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, descartó el ‘pin parental’ en enero de 2020 y al mes siguiente las Cortes también lo rechazaron con la única oposición de Vox. Tampoco es decisivo el apoyo de Vox ahora que una procuradora de Cs abandonará el partido tras la fallida moción de censura por lo que, de momento, el debate no está sobre la mesa.
QUÉ OPINA EL GOBIERNO
Desde el Gobierno, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha reiterado en varias ocasiones que los hijos «no son mercancías» ni «propiedad de nadie», subrayando que «los padres son custodios pero no propietarios». De hecho, llegó a afirmar que se trataba de una «objeción de conciencia encubierta» y tildó la iniciativa de «censura».
El Ministerio entiende que el ‘pin parental’ «vulnera el derecho fundamental y constitucional a ser educado», pero también la competencia que tienen atribuida los centros para tomar decisiones curriculares.
Además, desde el Gobierno defienden que esta medida con la que suele estar a favor la derecha, vulnera tratados internacionales suscritos por España como es el caso de la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.
El tema ha suscitado tanto interés que hasta UNICEF se ha pronunciado, recordando que «las actividades complementarias tienen por objeto enriquecer el currículo, como mecanismo con el que cuentan los centros educativos dentro de su competencia» y que «son obligatorias y evaluables», ya que se celebran en horario escolar y con el profesorado presente.
UNICEF recuerda también que, según la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), «cualquier controversia entre derechos» (por ejemplo, el derecho a la educación y de libertad de enseñanza frente al derecho de libertad de las familias para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones) deberá, por tanto, «ser dirimida siguiendo el principio del interés superior del niño». Y, en este sentido, advierte de que los niños, según la CDN, son considerados «sujetos de derecho» y no «meros objetos de protección».
