El jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Francisco Javier Migueláñez, declarará el próximo 22 de abril en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid por la querella presentada por el inspector Rubén Eladio López contra él y otros mandos policiales por las supuestas represalias que sufrió en el marco de la llamada ‘guerra de comisarios’, según fuentes jurídicas consultadas.
La jueza Josefa Bustos continúa así con la ronda de declaraciones de los investigados por la querella presentada en 2018 por López contra altos cargos policiales durante la época de Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio de Interior a los que acusa de haberle acosado por sus pesquisas en torno al entonces comisario José Manuel Villarejo a raíz del llamado caso ‘Nicolay’ sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, ‘El Pequeño Nicolás’.
Los hechos denunciados se remontan a octubre de 2014, cuando la Unidad de Asuntos Internos dirigida entonces por Marcelino Martín Blas empezó a investigar a ‘El Pequeño Nicolás’, tras conocerse que se hacía pasar por un alto cargo, para determinar si había contado con la colaboración de efectivos policiales. La ‘Operación Nicolay’ se encomendó al Grupo IX, encabezado entonces por López.
Conforme a la querella, tras la detención de Gómez Iglesias, éste se refirió expresamente a Villarejo y, en el registro de su vivienda, se encontró documentación relacionada con el comisario en la que se detallaban reuniones. Según este relato, el desarrollo de la investigación permitió acreditar el nexo entre ‘El Pequeño Nicolás’ y Villarejo y la vinculación de ambos a «hechos de naturaleza criminal junto a terceros».
En ese momento es cuando Villarejo se habría servido de una serie de miembros de la cúpula policial, entre los que estaría Migueláñez, para intentar sabotear las investigaciones de López, «boicot que con el tiempo se revelará como una acción conjunta realizada por quienes se constituyeron en organización o grupo criminal destinado a presionar, coaccionar y, en definitiva, acosar y represaliar al inspector».
Sobre Migueláñez, López cuenta en la querella que en abril de 2015 le pidió que le informara sobre el caso ‘Nicolay’, le avisó de que la investigación se iba a cerrar y le recriminó que hubiera indagado sobre un amigo suyo. Después, hacia mediados de año, habría ordenado colocar fotos del inspector y otros miembros de la comisión judicial en los accesos a Asuntos Internos para controlar sus entradas y salidas, «hecho que no ocurría con el resto de funcionarios de esa unidad».
UNA PLAZA NO CONCEDIDA
En concreto, señala a Migueláñez como uno de los responsables, junto al ex titular de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Florentino Villabona, de que no se le concediera la plaza de jefe de grupo de Asuntos Internos, cargo que había estado desempeñando en comisión de servicios antes de incorporarse a la comisión judicial del caso ‘Nicolay’.
Y eso, «pese a tratarse del candidato más cualificado por méritos, capacidad y antigüedad en la Unidad de Asuntos Internos», por lo que la querella achaca esta negativa a que a partir de 2015, «cuando la Dirección de la Policía le presiona para que dé carpetazo a la investigación y Rubén no sucumbe a dichas coacciones, no recibe más condecoraciones».
Este episodio fue precisamente uno de los ejes de la declaración como investigación que Villabona prestó el jueves. Según fuentes jurídicas, dijo a la juez que cuando se le denegó la plaza a López él aún no era el jefe de la DAO, asegurando que se limitó a dar curso a una decisión ya tomada que –apuntó– se basaba en la recomendación de Miguelañez de que el inspector no volviera a Asuntos Internos porque las investigaciones sobre Villarejo podrían verse contaminadas.
Además de Villabona, también han comparecido en la sede judicial el ex DAO Eugenio Pino y el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que han negado cualquier acoso o animadversión hacia López. En total, hay casi una veintena de imputados en este caso, entre ellos el propio Villarejo y ‘El Pequeño Nicolás’, por presuntos delitos de acoso laboral, organización criminal y ocultación de pruebas, entre otros.
REACTIVACIÓN DEL CASO
La Audiencia Provincial reactivó el caso, que prácticamente estaba estancado desde la presentación de la querella, en un auto del pasado 1 de febrero con el que ordenó a la juez Josefa Bustos citar a los querellados como investigados, estimando así un recurso de apelación interpuesto por López, actual director de Emergencias, Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Fomento.
La instructora se había amparado en la «complejidad» de la querella y en «la existencia de numerosos procedimientos judiciales» sobre los hechos referidos en la misma, esgrimiendo que era necesaria «una minuciosa delimitación» para evitar una «doble instrucción», así como en el colapso provocado por la pandemia de coronavirus.
La juez había acordado, «una vez recibidos los distintos testimonios de los varios juzgados», citar a López para «prestar declaración en calidad de perjudicado y para que concrete determinados extremos de la querella». Sin embargo, la Audiencia de Madrid urgió a escuchar a los querellados: «No parece razonable que, bajo la alegación de concretar los hechos, hayan transcurrido más de dos años».
