El sindicato de Enfermería (Satse) se ha dirigido a todos los responsables de Interior, Sanidad y Función Pública, tanto a nivel estatal y autonómico, para trasladarles que la grave situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad y las enfermeras que les atienden y cuidan no permite que se sigue retrasando el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas.
En sendas cartas a los ministros de Interior, Sanidad y Política Territorial y Función Pública, así como a todos los consejeros de Sanidad y a los competentes en materia de administraciones pública y/o función pública, el presidente de Satse, Manuel Cascos, les subraya la «urgente necesidad» de dar una solución a la cada vez «más precaria» atención sanitaria y cuidados que recibe la población reclusa de su país y que se ha visto agravada con la pandemia del Covid-19.
Como viene denunciando Satse desde hace años, esta situación que sufren las personas privadas de libertad está motivada en gran parte por las «difíciles y penosas» condiciones laborales que sufren los profesionales sanitarios que trabajan en los centros penitenciarios, especialmente las enfermeras.
«La lamentable realidad es que tenemos a profesionales muy sobrecargados sufriendo continuas situaciones de estrés y tensión asistencial sin los suficientes recursos y apoyos y que, además, tienen que realizar funciones que no les competen en un entorno laboral que conlleva muchos más riesgos para su salud y seguridad personal», ha dicho el sindicato.
A juicio de Satse, esta situación podría mejorar si se cumple, de una vez por todas, el compromiso adquirido por Ley en 2004 de posibilitar que la atención sanitaria en los centros penitenciarios sea gestionada por las comunidades autónomas y al que también se ha referido como un objetivo prioritario el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Por ello, desde la organización sindical se ha vuelto a reclamar a todos los responsables administrativos competentes a nivel estatal y autonómico que agilicen las conversaciones y negociaciones ya iniciadas para que cualquier asunto pendiente de acordar se cierre lo más pronto posible y que antes de que finalice la actual legislatura se produzca el traspaso competencial.
«Entendemos que las diferencias para no avanzar en el traspaso de la sanidad penitenciaria responden a motivos económicos, pero, mientras unas partes y otras continúan con su tira y afloja para ahorrarse algún dinero, la penosidad y precariedad que sufre la población reclusa y los profesionales sanitarios va a más», han dicho desde la organización sindical.
Satse ha incidido en que el hecho de que sea aún el Ministerio del Interior el que gestione la sanidad penitenciaria en el conjunto de las comunidades autónomas conlleva que se estén duplicando recursos y que no se mantengan unos canales de comunicación y coordinación adecuados con los servicios de salud correspondientes.
Asimismo, las enfermeras que trabajan en los centros penitenciarios se sienten discriminados al no tener las mismas condiciones laborales y profesionales que sus compañeros dependientes de los servicios autonómicos de salud. «No podemos permitir que haya profesionales sanitarios de primera y segunda por el mero hecho de prestar su atención y cuidados en un recurso asistencial u otro», ha asegurado.
