La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad ha aprobado este miércoles 7 de abril el informe de la ponencia del proyecto sobre la Ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, eliminando de toda la ley el Síndrome de Alienación Parental (SAP), y sin incluir la prohibición de la asistencia de menores a los toros o de los desahucios de familias con niños.
El texto, al que se han incorporado más de 200 enmiendas de las casi 600 que han registrado los distintos grupos, y al que se han incorporado también 75 transaccionales, ha sido aprobado con los votos a favor de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts Per Cat, el voto en contra de Vox y PNV y la abstención de ERC y EH Bildu.
El dictamen deberá ser debatido y votado en Pleno, donde necesitará el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara, dado su carácter orgánico, antes de continuar su tramitación en el Senado.
Entre los cambios introducidos en la ley tras su paso por la Comisión, destaca la eliminación de toda la ley del Síndrome de Alienación Parental (SAP), –por el que algunos padres acusan a su expareja de manipular a su hijo en su contra–.
En la enmienda registrada por PSOE y Unidas Podemos se establece que «los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para evitar que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental puedan ser tomados en consideración».
Asimismo, se ha introducido en la ley la ampliación de 6 a 12 meses para el cese de tutela de la administración sobre los menores en situación de desamparo que hayan abandonado voluntariamente el centro de protección y se encuentren en paradero desconocido, una propuesta de Ciudadanos que se ha incorporado a través de una transaccional con PP, PSOE y Unidas Podemos.
Entre otras modificaciones, también se añade al texto que se deberá garantizar el traslado de los menores de edad que puedan encontrarse en riesgo en un determinado centro, y reforzar la implementación de medidas para la sensibilización y rechazo de la violencia en redes sociales.
La diputada del PSOE María Luisa Carcedo ha destacado la importancia de esta ley porque «la sociedad española no puede seguir mirando a otro lado ante la situación que está viviendo la infancia, que está sufriendo violencia sobre la que hay una espesa capa de silencio». «Debemos ser capaces de mover esa capa», ha insistido.
Por su parte, la diputada del PP María de la O Redondo ha destacado la voluntad de su partido por mejorar una ley que «supone un gran avance» a pesar de que desde el principio vieron en ella «un enfoque político y una utilización partidista que contaminaba una maravillosa oportunidad de atajar los problemas de la infancia».
Para la diputada de Vox María Teresa López, es «una ley ideológica, de adoctrinamiento a los menores» así como «un instrumento más para introducir la tesis de género», «antifamilia» y las «leyes antihombres». En la misma línea, el diputado de Vox José María Sánchez ha criticado que esta ley «presume que los padres españoles no saben educar a sus hijos» y ha preguntado «quién les va a educar» y si lo va a hacer «la ministra de Educación, Isabel Celaá», a la que ha llamado «ignorante».
ASISTENCIA DE MENORES A LOS TOROS
Mientras, desde Unidas Podemos, la diputada Lucía Muñoz ha subrayado la importancia de esta ley ante la «imperiosa necesidad de protección de los niños, niñas y adolescentes» que sufren violencia y cuya situación se ha visto «agravada por la pandemia». Si bien, ha lamentado que algunas de sus propuestas no hayan sido respaldadas por el PSOE como la prohibición de acudir a los toros, o la de priorizar las soluciones habitacionales adecuadas a los desahucios de familias con menores, temas en los que esperan llegar a acuerdo «más adelante o en otro marco».
El diputado del PNV Íñigo Barandiarán ha anunciado su rechazo a la ley no por su contenido pues considera que «aporta soluciones» sino porque creen que supone «una ingerencia competencial intolerable en materia de educación o sanidad».
Por su parte, la diputada de ERC María Carvalho ha celebrado que es una ley «de consenso y necesaria» en la que ha habido «una gran participación social» pero ha criticado, al igual que Unidas Podemos, que no se haya aceptado incluir en la ley la prohibición de acudir a espectáculos taurinos a menores, «blindando» la tauromaquia, o proteger a los niños y niñas de los desahucios.
El diputado de Junts per Cat Sergi Miquel Valentí ha enumerado algunas de las enmiendas que presentó su grupo en lo que se refiere a la protección de los niños frente a la pornografía o para pedir que los abogados de oficio de turno que participan en procesos judiciales en los que hay menores afectados tengan unos conocimientos específicos.
La diputada de Ciudadanos Sara Giménez también ha planteado algunos «flecos» que, a su juicio, quedan por introducir en la ley como que el plazo de prescripción de los abusos sexuales comience a contar a partir del momento en que la víctima cumple 40 años y no 30 como dice el texto; o la necesidad de incluir una enumeración clara en la que se explique quiénes son los menores vulnerables a los que hay que proteger. También considera que habría necesitado más debate el artículo 39 que contempla dar la condición de agentes de autoridad a los funcionarios.
Igualmente, la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua considera que aún hay «déficits» en cuanto a la protección de los niños frente a la «violencia institucional», la violencia «ejercida a través de los desahucios» o por medio de los procedimientos de determinación de la edad a menores inmigrantes solos, que «viola sus derechos humanos».
AUMENTARÁ EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LOS ABUSOS
La nueva norma aumentará el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, de forma que este empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años, y no 18 como ocurre actualmente, y plantea crear una nueva figura en los colegios, la del ‘coordinador de bienestar y protección’.
Asimismo, la normativa establece el deber de comunicar por parte de los ciudadanos cualquier situación de violencia sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad, especialmente entre aquellos colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad.
La ley fue bautizada por el exvicepresidente segundo del Gobierno y exministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, como ‘Ley Rhodes’, por el pianista británico del mismo apellido, James Rhodes, que sufrió abusos sexuales cuando era un niño y que ha luchado por la aprobación de la misma.
