El Consejo de Europa avisa de que el porcentaje actual de menores de 15 años que no saben hablar gallego podría aumentar, cuestión que supondría que la cifra publicada por el Instituto Galego de Estatística (IGE) –23,9%– podría incrementarse.
Así lo señala en su último informe sobre la aplicación de la Carta de las Lenguas Minoritarias, un texto en el que, según A Mesa Pola Normalización Lingüística, confirma sus sospechas y avala sus propuestas presentadas tanto en el Parlamento gallego como en el Congreso.
En declaraciones el presidente de A Mesa, Marcos Maceira, explica que se trata de un estudio que da de plazo hasta el 1 de agosto de 2023 para que el Estado conteste a los requerimientos que le realiza.
Según indica Maceira, pese a que el Estado respondió en febrero al Consejo que se cumplían todos los requerimientos de obligado cumplimiento hechos en 2019 sobre a educación y justicia, A Mesa «documentó perfectamente» cómo en estos ámbitos «no se cumple» la Carta Europea de las Lenguas.
Al respecto, señala que, en el ámbito de la educación, el informe remarca que el decreto del plurilingüismo de la Xunta «no cumple con la carta» y alerta de que casi un 24% de los menores de 15 años «no son capaces de hablar en gallego» y avisa de que este porcentaje se puede incrementar si no se modifican las medidas en la educación.
Además, Maceira apunta que, en el estudio publicado esta semana, el Consejo de Europa habla de la situación del gallego en la justicia y pide al Estado que modifique la Ley orgánica del poder judicial para que, a petición de una de las partes, se pueda desarrollar el proceso en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado.
«El comité de expertos atendió perfectamente lo que nosotros denunciamos a través de un informe pese a los intentos de presión de la Xunta y del Estado», indica Marcos Maceira, que asegura que «ya es hora de que se atiendan este tipo de recomendaciones de obligado cumplimiento».
Sobre este punto, aunque recuerda que el consejo da de plazo hasta agosto de 2023 para atender las recomendaciones, el presidente de A Mesa considera que, en el caso de la educación, «es hora de que la Xunta hable».
«Lo mínimo que puede hacer la Xunta es sentarse y hablar, porque hay requerimientos que no son de ayer, tienen muchos años ya», subraya para recordar que A Mesa también llevó al Congreso una iniciativa para que los procesos judiciales puedan desarrollarse en gallego, cuestión para la que ve «imprescindible» que el personal de esta administración «tengan como requisito que conocer el gallego».
GALLEGO-ASTURIANO
Además, en un anexo a su último informe sobre la aplicación de la Carta de las Lenguas Minoritarias en España, el Consejo reclama al Gobierno del Principado de Asturias que ponga en marcha una política lingüística para el gallego-asturiano.
Los expertos europeos también reclaman recoger los nombres de ‘asturiano’ y ‘gallego-asturiano’ en el Estatuto. Actualmente, la lengua aparece recogida con el nombre de ‘bable’, mientras que el idioma propia del Navia-Eo no está recogido.
El informe destaca que Asturias cuenta con una legislación para garantizar la protección, promoción y normalización de las lenguas propias y que la Ley de Uso establece un marco legal de protección tanto para el asturiano y gallego-asturiano, previendo su uso en la administración pública, educación, los medios de comunicación, la producción impresa y audiovisual, los topónimos y los órganos asesores.
«Existe, por tanto, una política lingüística activa y exhaustiva en el marco de este Comunidad Autónoma, a pesar de que ni asturiano ni gallego-asturiano son reconocidas por el momento como lenguas cooficiales y que, por tanto, sólo disfrutan de una grado de protección de conformidad con las disposiciones de la Carta Europea», han indicado.
