La acusación popular ejercida por la Asociación Observatori de Drets Humans (DESC) en el juicio por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja ‘b’ ha solicitado al tribunal que los testigos que declaren por videoconferencia en la vista oral no lleven mascarilla.
El abogado Gonzalo Boye, que representa a esta acusación popular, ya se quejó en las últimas sesiones celebrada de que los ex altos cargos del PP llevaban puestas las mascarillas durante sus comparecencias telemáticas, pese a que afirmaron que se encontraban solos en las salas desde las que declaraban.
De hecho, el letrado llegó a preguntar a algunos de ellos que por qué utilizaban este artículo si no estaban acompañados, y algunos le contestaron que lo hacía por «respeto al tribunal y a las partes», como dijo el exministro y exsecretario general del PP Javier Arenas, o por «respeto a las recomendaciones sanitarias, igual que recomiendan no viajar, tener cuidado al salir de casa o guardar la distancia de seguridad», tal y como defendió el expresidente del Gobierno José María Aznar.
Observatori Desc considera «acertada» que el tribunal otorgue la posibilidad de que los testigos que lo deseen comparezcan por videoconferencia como medida de prevención ante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, ve con «asombro» que un «grupo concreto y determinado» de testigos, por «razones peregrinas», hayan «abusado» de las facilidades dadas «escondiendo sus rostros detrás de mascarillas».
IMPIDE VER LAS REACCIONES DE LOS TESTIGOS
Según explica, el uso de la mascarilla impide percibir las reacciones de los testigos ante determinadas preguntas que puedan resultarles incomodas y puedan reflejar a través de nervios o gestos. Recuerda que el PP se encuentra en este procedimiento acusado como responsable civil subsidiario.
Por ello, solicita al tribunal que antes del comienzo de cada declaración testifical que se vaya a practicar por videoconferencia se compruebe que los testigos se encuentran «aislados, solos y sin presencia de ningún tercero» y que se les ordene a declarar sin mascarilla. Basta con un simple barrido de cámara, apunta.
Para justificar su petición, la acusación popular repasa la Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, publicada en el Boletín Oficial del Estado este martes, y asegura que «no existe previsión ni recomendación legal alguna que establezca, siquiera como recomendado, el uso de mascarillas en declaraciones por videoconferencias ni por respeto a los presentes ni, mucho menos, encontrándose en un domicilio particular».
