El Gobierno ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que anula y deja sin efecto el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y la orden al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska de su reingreso en el puesto.
«Desde el respeto a las decisiones judiciales, al discrepar con la resolución del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8, se interpondrá recurso contra la misma a través de la Abogacía del Estado», ha informado el Ministerio del Interior tras conocer la sentencia que afirma que el cese «era ilegal».
El magistrado Celestino Salgado explica que el cese vino motivado por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial sobre la investigación judicial abierta al hasta ahora delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco, en el conocido como caso ‘8M’ por la autorización de las marchas feministas al inicio de la pandemia.
La sentencia explica que Pérez de los Cobos tenía el deber de reserva, y así se lo recordó por escrito la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que instruyó esta causa.
CUMPLIMIENTO DEL «EXPRESO MANDATO JUDICIAL»
«El cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) como a sus superiores, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal», subraya el magistrado de la Audiencia Nacional.
Así, el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 8 de la Audiencia Nacional estima el recurso presentado por Pérez de los Cobos contra la Resolución del ministro del Interior de 28 de julio de 2020 por la que se desestimaba el recurso de alzada formulado contra la Resolución del Secretario de Estado de Seguridad de 24 de mayo que dispuso su cese.
El cese de Pérez de los Cobos se hizo público el 25 de mayo de 2020 e implicó la dimisión un día después del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Laurentino Ceña.
Al día siguiente de la dimisión del DAO fue relevado el otro teniente general al frente de las cuestiones operativas del Cuerpo, Fernando Santafé, Mando de Operaciones, y uno de los dos responsables –el otro fue el jefe de Zona en Madrid, José Antonio Berrocal– que precedió a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, en la llamada inesperada a Pérez de los Cobos en la tarde-noche del domingo 24 de mayo, cuando fue cesado a propuesta suya por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.** En su primera comparecencia en rueda de prensa en Moncloa tras el cese del coronel, Grande-Marlaska encuadró el relevo de Pérez de los Cobos en una reestructuración de los cargos de confianza que se había suspendido por la pandemia de covid-19. Además, desligó el cese del informe de la Guardia Civil entregado a la juez del ‘8-M’.
CARTA DE CESE Y FILTRACIÓN
El 2 de junio, fuentes de Interior ampliaron su versión sobre el cese del coronel para asegurar que lo que se hizo fue «precipitar» su relevo como jefe de la Comandancia de Madrid tras la pérdida de confianza que supuso que este alto cargo de la Guardia Civil dejara de informar a sus superiores en la cadena de mando sobre trámites relacionados con la entrega de informes sobre la investigación judicial del 8-M y la imputación del delegado del Gobierno de Madrid.
Respondían de esta forma a una carta del cese de Pérez de los Cobos, donde se recogía que el motivo alegado a propuesta de la directora general del Instituto Armado –y avalado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez– era que se había negado a informar del «desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».
El 3 de junio, en una nueva comparecencia en el Congreso, Grande-Marlaska relacionó el cese –como había hecho un día antes en el Senado— con la filtración del informe de la Policía Judicial remitido a la juez Rodríguez-Medel, y por el que se abrió una información reservada.
En la tribuna de la Cámara Baja el ministro alegó que fue su ‘número dos’ quien firmó el cese y que él no quiso dar los primeros días detalles por respetar la «carrera profesional» del coronel y ante un posible recurso.
