La comisión de Medio Ambiente de Les Corts Valencianas ha aprobado este martes por unanimidad una propuesta del PP, consensuada con los grupos del gobierno valenciano, para exigir al Gobierno la paralización inmediata de cualquier modificación de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura hasta que no se apruebe el plan hidrológico, así como que esta planificación se acuerde con los beneficiarios y con la Generalitat.
Este lunes, el Consell ya anunció que presentaría alegaciones al proyecto de real decreto del Ministerio de Transición Ecológica tras mostrar su «rechazo frontal» a cualquier cambio de las reglas de explotación que comprometa el abastecimiento de agua en el sur de la Comunitat.
En el parlamento han defendido esta postura a raíz de una proposición no de ley (PNL) del PP, aunque ha sido modificada tras más de una hora de conversaciones con los grupos del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem).
En concreto, la iniciativa final insta a la Generalitat a que solicite al Gobierno la paralización de cualquier instrumento legal o reglamentario destinado a modificar las normas hasta que no se apruebe el plan hidrológico del Tajo y se concreten todos los datos hidrológicos, reservas y programas. También pide consensuar con usuarios y Consell cualquier cambio y da un plazo de dos meses para dar cuenta del cumplimiento.
Tras la aprobación por unanimidad, José Císcar (PP) ha agradecido que «refuerza cualquier negociación en el futuro» y ha advertido que sería un error cambiar las reglas ahora porque hay que esperar a la actualización hidrológica. «Lanzamos el mensaje de que defendemos el trasvase y lo vamos a seguir haciendo», ha aseverado.
Por parte del Botànic, el socialista Manuel Pineda ha coincidido en que se da «un mensaje claro y contundente a todos los usuarios del trasvase de que es irrenunciable para la Generalitat», aunque ha criticado la «guerra del agua del PP» en otras ocasiones. Ha prometido que no consentirán que se trasvase «ni una gota menos de lo que corresponde» a los valencianos porque las reglas «no se deben tocar» hasta la nueva planificación prevista para 2022.
También Graciela Ferrer (Compromís) ha destacado el consenso y ha defendido la posición de la consellera del ramo, Mireia Mollà, además de abogar porque las futuras reglas tengan en cuenta las necesidades tanto del Tajo como del Segura.
Y de Unides Podem, Beatriu Gascó ha exigido que el trasvase se planifique en función de las necesidades y capacidades en un contexto de cambio climático, a partir de una evaluación ambiental global. En todo caso, a su juicio es entendible la posición del Ministerio de «intentar mantener el río vivo», aunque no cree que el momento sea ahora. «Es una cuestión de Estado y debe tratarse como tal», ha reivindicado.
«LA CULPA NO ES DE MURCIA»
Entre la oposición, Emigdio Tormo (Cs) ha lamentado la falta de «solidaridad» con el agua en España y ha criticado que algunos partidos hayan cambiado de posición, apuntando al PSPV porque «el Gobierno dice otra cosa». Ha preguntado a los socialistas si piensan enfrentarse a Pedro Sánchez, además de defender que «la culpa no es de Murcia» y recordar que hay en marcha proyectos ferroviarios «faraónicos que nadie discute», a diferencia del trasvase.
«Vox no va a renunciar a que el agua llegue a todos los rincones en igualdad de condiciones», ha prometido su diputado José Luis Aguirre, exigiendo que cualquier cambio se pacte con Murcia y Andalucía porque «el Tajo-Segura es la empresa más grande de España y genera más empleo que Mercadona».
