Defender los intereses y derechos de los ciudadanos es uno de los pilares fundamentales del derecho. Abogados en Valencia han logrado sentencias favorables frente a injusticias y atropellos que se generan en habitantes de la Comunidad Autónoma.
El TSJ anula el nombramiento de la Gerente del Hospital La Fe
Carmen Blanco Pico es una de las abogadas que ha luchado para salvaguardar los derechos de sus clientes en la Comunidad valenciana. Por ejemplo, ganó el recurso legal contra el nombramiento de la Gerente del Hospital La Fe, a favor de María Teresa Lázaro. La sentencia favorable hacia la parte demandante obedeció a “vicios invalidantes” en el procedimiento de concurso.
Después de haber batallado durante cinco años por los derechos de su defendida, Blanco Pico consigue una sentencia favorable a los atropellos infringidos hacia la psiquiatra. El TSJ manda retrotraer el concurso y Lázaro se reserva el derecho de pedir una indemnización por los perjuicios recibidos en el proceso.
Las batallas legales a favor de los ciudadanos de Valencia son el pan diario del despacho de Carmen Blanco Pico. Y cuando se trata de luchar para preservar los derechos por la igualdad de género, resulta una batalla más cercana para este grupo de profesionales del derecho.
Procedimiento legal hacia una victoria en igualdad de trato por género
En febrero de 2017, se interpuso una demanda al Instituto de las Mujeres de Valencia. Una mujer septuagenaria y habitante de la Comunidad Autónoma decide acudir a expertos legales por ayuda, al negársele el pago de compensación a favor de las víctimas de violencia de género.
El caso se fundamenta en la falta de igualdad de trato por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. S.P, la demandante que prefiere mantenerse en condición anónima, alega la falta de ayuda por parte del Instituto, pese a documentarse de manera oficial su condición de víctima de violencia de género.
La parte demandante argumentó una sentencia previa emitida a favor de una mujer valenciana que instaba a la Generalitat a otorgar la ayuda económica, sin respuesta favorable. Después de un largo proceso de querella, el TSJ reconoció el derecho de esta mujer y ordenó el pago de su compensación.
Tras una revisión del caso correspondiente, los abogados de S.P han demostrado el reconocimiento de la mujer como víctima de violencia de género. Dejando claro que representaba el perfil correspondiente para percibir la ayuda económica en tales casos, y sin embargo, la Consejería rechazaba su solicitud.
La Generalitat describe su actuación frente a la no presentación de la orden de protección que es requisito fundamental para la solicitud de la ayuda económica para las víctimas de estos casos.
Blanco Picó hace la denuncia con base en los “vacíos legales” del caso de su representada. Argumenta el hecho de que las leyes no contemplaban la figura de víctima por violencia de género, cuando su defendida sufría los efectos del problema. Y solicita el aporte de la ayuda económica a S.P, con base a sus derechos de víctima, pese a que no cuente con la orden que pide la Generalitat.
