Un nuevo varapalo judicial a la Junta de Castilla y León ha dado esperanzas al lobo ibérico. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado ilegal este 27 de diciembre el programa de caza del lobo de 2016 a 2019. En ese tiempo, la administración autonómica aprobó matar a 173 lobos al norte del río Duero en la comunidad. Ahora, la Junta tendrá que reparar el daño causado, además de pagar las costas del juicio. Con esta sentencia, el nuevo plan de la autonomía que prevé matar a 339 lobos en los próximos tres años ha quedado en entredicho. Sin embargo, la administración ha mostrado su intención de recurrir el fallo.
Las sentencias han acorralado a la Junta de Castilla y León. Ante el recurso interpuesto por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), la Justicia ha declarado ilegal la matanza de lobos ibéricos que tuvo lugar entre 2016 y 2019. Esto dará pie a ilegalizar el nuevo plan cinegético de la Junta, según aseguran los expertos, sin embargo la administración tiene unas perspectivas muy distintas, ya que «esta Sentencia no es firme aún, pudiendo interponerse frente a ella recurso de casación», según han asegurado en un comunicado.
La Justicia ha condenado a la Junta a reparar el daño causado, lo que desde Ascel consideran que asciende a un importe de 1.602.153 de euros. «La sentencia es clara, lógica e inapelable, y acaba con la ficción de la caza de una especie protegida», han asegurado desde la asociación. El Tribunal obliga a la Junta a presentar un programa que, «como mínimo, deberá comprender las actuaciones necesarias para la recuperación del lobo ibérico, su conservación y para la divulgación de la importancia de la especie».
«El panorama es desolador», aseguran desde Ascel, «porque desde el año 2010 todas las normas emanadas de la Junta para cazar (matar) lobos son ilegales». La compensación económica establecida supone, en su finalidad, un cambio de rumbo histórico», concluyen desde la asociación. Con esta sentencia, se abre la posibilidad de que se acabe con lo que algunos consideran un absurdo: considerar al lobo ibérico especie cinegética al norte del Duero y especie protegida al sur.
«No cabe pensar que el actual Programa de Aprovechamientos Comarcales 2019-2022, calco deteriorado del ahora anulado, sin respaldo del Plan del Lobo (anulado), ni del Decreto de Caza (anulado en lo que al lobo toca), pueda tener distinto fin», han asegurado desde Ascel.
Las asociaciones animalistas como PACMA y los defensores del lobo ibérico esperan que tras esta sentencia se ponga encima de la mesa la posibilidad de no considerar especie cinegética al lobo ibérico en toda la península. Sin embargo, aún queda ver si el recurso de la Junta de Castilla y León es estimado. Entre tanto, la administración autonómica estará obligada a presentar un plan de recuperación que subsane el acto ilegal que cometieron.
Estos planes cinegéticos dan mucho dinero tanto a los cotos privados como a la propia Junta. Cada cabeza de lobo ibérico se vende a un precio que ronda los 3.000 o 3.500 euros. Esto, sumado a la venta de otras especies cinegéticas hace de la caza una práctica muy lucrativa en Castilla y León, razón por la que aún cuenta con muchos defensores.
LOS CAÓTICOS CENSOS
Los planes de caza del lobo ibérico de la Junta de Castilla y León siempre han estado envueltos en polémica. Primero, porque se basan en censos regionales que muchos expertos y técnicos consideran, como poco, alejados de la realidad. Y segundo, porque los planes se amparan en estudios que nada tienen que ver con el lobo ibérico, como el nuevo plan, que contempla matar a 339 lobos bajo la premisa que plantea un estudio de 1995 sobre el lobo gris de Minnesotta (Estados Unidos).
Los censos que dan la cifra de lobos al norte del Duero en la comunidad autónoma son para los expertos, cuanto menos, polémicos. Este recuento lo hacen empresas privadas subcontratadas tanto por la Junta como por los gestores de los cotos de caza. Y aún así, la Junta asegura que en Castilla y León viven 1.051 lobos al norte del río. Una cifra que los técnicos consideran alejada de la realidad.
Al mismo tiempo, la Junta ha llegado a la conclusión de que se puede acabar con hasta el 30% de los ejemplares sin que disminuya la población de lobos porque así lo dice un estudio estadounidense de 1995 de T. K. Fuller. Algo que los técnicos consideran poco fiable, puesto que se basa en otra especie cuya realidad biológica y natural no tiene nada que ver con la del lobo ibérico.
