El Grupo Parlamentario Vox ha presentado este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley educativa, la LOMLOE (también conocida como ‘Ley Celaá’), aprobada el pasado 23 de diciembre de 2020. El texto está suscrito por medio centenar de parlamentarios encabezados por Santiago Abascal, Ivan Espinosa de los Monteros, Macarena Olona y Javier Ortega-Smith.
Según la formación que lidera Santiago Abascal, el recurso se ha presentado contra lo que Vox considera «la parte más sectaria de la ley», aquella que guarda relación, según ellos, con la enseñanza concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial, así como contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
En concreto, con respecto a la enseñanza concertada, Vox ha presentado este recurso de inconstitucionalidad contra el art. 109 de la LOMLOE, ya que en sus apartados 1 y 3 se refiere a la suficiencia de plazas exclusivamente a las «plazas públicas», y porque en su apartado 5 se suprime el criterio de la demanda social en la programación de plazas financiadas con dinero público y establece el «incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública».
En lo que se refiere a la educación especial, consideran inconstitucional los art. 74.2 por recoger que las Administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y «la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo», así como el art. 87.2, que dice que las Administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias «para evitar la segregación del alumnado».
También denuncian la Disposición Adicional Cuarta de la LOMLOE, que establece que el Gobierno desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.
Sobre la educación diferenciada, Vox quiere que se reconozca la inconstitucionalidad del Artículo Único 1 I), que recoge «la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas»; del art. 84.3 («en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión, discapacidad, edad, enfermedad, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»); y de la Disposición Adicional Vigésimo Quinta 1, que establece que «los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas» y que «no separarán al alumnado por su género».
Con respecto a la religión e ideología, Vox considera inconstitucional que se suprima, en los arts. 18, 24, 25 y 34 la asignatura de Religión en la educación Primaria, en la educación Secundaria obligatoria y en primero y segundo de Bachillerato, así como los arts. 18.3, 19.2, 22.3, 24.5, 25.6, 25.7, 33.c), 35.1 y la Disposición Adicional Segunda porque, según ellos, «impone como principios de todo el sistema educativo la ideología de género y la educación afectivo-sexual».
Del mismo modo, consideran inconstitucional la supresión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza en la Disposición Adicional Trigésimo Octava, y por otro lado, hasta una veintena de artículos del redactado de la LOMLOE en los que se refleja la responsabilidad que tienen las Administraciones educativas en determinados asuntos.
TRAMITACIÓN DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
Vox critica también que durante la tramitación de la ley «no sólo han dejado de oírse en ambas cámaras legislativas a los colectivos afectados», sino que «ni siquiera se ha solicitado informe a los principales órganos consultivos del Estado, como el Consejo de Estado o el Consejo Escolar».
Y denuncia que se tramitara durante el estado de alarma: «En toda nuestra historia democrática, no existe precedente de estar toda la Nación en estado de alarma, con la restricción de derechos que ello conlleva, y tramitarse hasta su publicación, una norma de contenido tan trascendental para los derechos fundamentales de los españoles», considera Vox.
