Esquerra Republicana (ERC), Junts, el PDeCAT y la CUP han reclamado este miércoles dos informes jurídicos para esclarecer los criterios que llevaron a la Mesa del Congreso a rechazar esta semana la admisión a trámite su ley de amnistía para beneficiar a todos los procesados y condenados por el proceso independentista del referéndum del 1 de octubre de 2017.
Los servicios jurídicos del Congreso desaconsejaron tramitar esa proposición de ley en la medida que, al suponer un indulto generalizado, «entraría en una contradicción palmaria y evidente» con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales.
El pasado martes, los representantes del PSOE, el PP y Vox en la Mesa, siguiendo el criterio de los letrados, no calificaron esa iniciativa, algo que los partidos independentistas aludidos criticaron públicamente.
Y este miércoles, ERC, Junts, PDeCAT y la CUP han registrado un texto reclamando dos informes jurídicos. Por un lado, quieren que los letrados del Congreso esclarezcan el criterio seguido por la Mesa para rechazar su propuesta alegando que lo que persiguen es un indulto colectivo y no una amnistía.
Y, por otro, también pretenden que los servicios jurídicos de la Cámara se pronuncien sobre su potestad para realizar «un examen de constitucionalidad a priori» de las iniciativas legislativas que se registran en el Congreso.
ES UNA «CENSURA POLÍTICA»
En el texto, los independentistas catalanes insisten en cuestionar el veto de la mayoría que el PSOE, el PP y Vox suman en la Mesa del Congreso, que consideran una «censura política» porque, según argumentan, entre las competencias de la Mesa del Congreso no está la de admitir o no a trámite una iniciativa sobre la base de una posible inconstitucionalidad. «Esa no es una función que tenga encomendada la Mesa, sino en todo caso el Tribunal Constitucional», señalan.
Los independentistas catalanes sostienen que la amnistía es «plenamente constitucional» y que la Mesa «no debería aplicar un criterio restrictivo sino amplio» en la tramitación de las iniciativas de los grupos, incidiendo en que un eventual control de constitucionalidad «debería ser realizado en todo caso por parte del TC a posterior del trámite parlamentario».
Concluyen su escrito reiterando su condena a la «censura» ejercida a su juicio por el PSOE, al que acusan de estar «alineado» con la derecha y «ultraderecha» española, para «coartar la libertad» de los grupos parlamentarios catalanes de trasladar al debate político del Congreso su propuesta de ley de amnistía, «que cuenta con un amplio respaldo de la sociedad catalana para encauzar una solución democrática al conflicto entre Cataluña y el Estado español».
El martes, nada más conocer el veto de la Mesa a su propuesta, los independentistas catalanes avanzaron que presentarían un recurso ante el órgano de gobierno del Congreso para que reconsiderase su negativa, algo que pretenden hacer ahora pero tras conocer los informes jurídicos solicitados.
