La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cuestionado este miércoles el sistema establecido por el Gobierno para el reparto de los fondos europeos y ha pedido aclaraciones a Pedro Sánchez sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra, a lo que el presidente ha respondido que la distribución de las ayudas europeas se hará de manera transparente y ejemplar y aplicando una serie de «fiscalizaciones y contrapesos».
«Transparencia, ejemplaridad, eficacia y transformación, renovación y modernización de nuestra economía. Recuperación, en definitiva. Y todo ello con los controles debidos a una gran democracia como es la democracia española», ha declarado Sánchez en el Pleno del Congreso, durante la sesión de control.
Arrimadas ha criticado el decreto ley que regula la gestión de los fondos europeos que España recibirá para la recuperación económica tras la crisis del coronavirus porque, según ha dicho, «les blinda para repartirse los fondos desde Moncloa con total discrecionalidad, sin transparencia y sin una agencia independiente de evaluación».
«Los fondos europeos no son para ayudar a su Gobierno ni a su partido, son para ayudar a los españoles, y su reparto no puede hacerse a dedo desde Moncloa», ha subrayado al recordar que las inversiones que se hagan deben servir para modernizar la economía y que lo que se espera de España es «seriedad y solvencia.
Cs PIDE COMPARECENCIAS DE TRES MINISTROS SOBRE PLUS ULTRA
La presidenta de la formación naranja ha advertido de que el «modus operandi» para repartir ese dinero no puede ser el mismo que ha aplicado el Ejecutivo al dar 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a Plus Ultra.
Ha pedido al jefe del Ejecutivo que explique «qué tiene de estratégica» una aerolínea que, según ha apuntado, opera solo cuatro rutas, tiene una cuota de mercado inferior al 0,1%, registra pérdidas desde que se creó y no figura ni siquiera entre las primeras 30 compañías aéreas de España.
«¿Quién está detrás de esta empresa?», ha preguntado, exigiendo saber «qué hay detrás de esta operación» de rescate que «no tiene ni pies ni cabeza» y quién dio la autorización para «dilapidar así el dinero público».
Con el fin de conocer estos y otros datos, Ciudadanos ha solicitado este miércoles en el Congreso la comparecencia de los ministros de Economía, Nadia Calviño; Hacienda, María Jesús Montero; y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en las respectivas comisiones parlamentarias.
Además, ha presentado un escrito para recabar del Gobierno los expedientes de evaluación del Fondo a la Solvencia para Empresas Estratégicas.
Concretamente, quiere conocer los criterios de elegibilidad empleados para evaluar las peticiones, los informes presentados por las empresas solicitantes de fondos públicos, los informes elaborados por las autoridades competentes que evalúan la conveniencia de las operaciones de apoyo público y la información que justifique el cumplimiento de los requisitos exigidos por el real decreto de creación del Fondo.
UN «RIGUROSO SISTEMA» DE CONTROLES Y AUDITORÍAS
En su respuesta a Arrimadas, Sánchez no se ha referido en ningún momento a Plus Ultra y se ha centrado en el asunto de la gestión de las ayudas europeas.
Respecto a la adjudicación de los proyectos, ha detallado que se hará según la Ley de Contratación Pública y la Ley de Subvenciones, «atendiendo a las licitaciones o convocatorias abiertas, transparentes, concurrentes, competitivas y no discriminatorias», y que será organizada por los departamentos ministeriales, las agencias estatales, los gobiernos autonómicos y las entidades locales.
En cuanto al control de los fondos, ha afirmado que estará en manos de la Intervención General de la Administración del Estado, designada como autoridad responsable de realizar la auditoría exigida por la normativa europea, y que ese órgano coordinará los controles de los órganos estatales, autonómicos y locales.
Igualmente, ha señalado que el Gobierno ha establecido «un riguroso sistema de controles y auditorías, validado ya por la Comisión Europea», en el cual el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude se encargará de proteger los intereses financieros de la UE en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
