El ministerio del Interior denegó hace apenas unas semanas hacer público el informe policial sobre las agresiones que sufrieron dirigentes de Ciudadanos durante la celebración del día del ‘Orgullo Gay’ en Madrid. Una desestimación que causó gran indignación y que se trata solo de la punta del iceberg de las hasta 54 ocasiones en las que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha negado información a los ciudadanos en 2019.
Según los datos del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado consultados por MONCLOA.COM, Interior fue el ministerio que más veces negó a los ciudadanos información que solicitaron al amparo de la Ley de Transparencia.
LÍMITES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
Esta normativa, aprobada bajo el Gobierno del ‘popular’ Mariano Rajoy en 2013, contempla en su artículo catorce doce límites en los que se puede amparar la administración para no conceder información de carácter público.
Estos límites son: la seguridad nacional, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente.
En definitiva, una retahíla de límites que dejan un coto bastante amplio a las administraciones públicas para ocultar información que activamente solicitan los ciudadanos a través del portal de transparencia.
PROCESO PARA CONSEGUIR INFORMACIÓN
Si eso ocurre, los solicitantes aún tiene recursos para forzar a publicar a Gobierno, Casa Real o demás corporaciones públicas, como Radio Televisión Española (RTVE). Estos pueden recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), un órgano potestativo que se encarga de dar respuesta a las reclamaciones sobre solicitudes que el Portal de Transparencia o bien ha rechazado contestar o bien no ha dado siquiera respuesta alguna.
Según explicó a este periódico una portavoz del CTBG, sus resoluciones son de obligado cumplimiento para los organismos públicos, sin embargo, estos pueden acudir a los tribunales a través de un recurso contencioso-administrativo para evitar dar esa información.
Algo que ha ocurrido en numerosas ocasiones. En concreto, según datos publicados por la cadena Ser, 19 veces durante el Gobierno de Rajoy y un total de 88 en los últimos tres años y medio.
El alto porcentaje de litigios es, según los informes del Consejo de Transparencia, uno de los mayores desajustes que se están dando con la ley. Ocurre cuando este organismo da luz verde a la publicación de una información pero la institución pública correspondiente decide ignorarla y acudir a los tribunales para conseguir mantener sus actuaciones ocultas.
Ejemplos de casos que han llegado a los tribunales son el listado de matriculaciones de la Iglesia o los sueldos de altos directivos de Adif o Renfe.
LO QUE INTERIOR PREFIERE OCULTAR
Algunos de los temas que Interior ha preferido ocultar a los españoles este año, además del citado informe policial sobre las agresiones del día del ‘Orgullo Gay’, para lo que alegó “secreto de estado” por poner en riesgo la seguridad nacional, son asuntos relaciones con el denominado ‘procés’.
Marlaska no quiso dar información sobre la empresa encargada del catering que recibieron los presos preventivos durante la celebración del juicio oral en el Tribunal Supremo para evitar “boicots” o “campañas de acoso” a la compañía.
Además, alegó una cuestión de “seguridad” porque “ese conocimiento podría utilizarse malintencionadamente para interferir en el servicio poniendo en riesgo la seguridad personal de los internos afectados”.
Interior tampoco accedió a dar a conocer, también por razones de seguridad, el coste total y el número de efectivos desplegados en el dispositivo policial relacionado con el juicio en el Tribunal Supremo y con la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017.
Las solicitudes de información acerca de los menores extranjeros no acompañados (MENAS), en primera línea de actualidad por las polémicas que ha levantado Vox en torno a ellos, tampoco han sido satisfechas por parte de Interior.
Asimismo, un tema vedado este año ha sido el de las deportaciones porque podría dar “problemas con los países correspondientes” y afectar “gravemente” a nuevas expulsiones.
