El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación desgobierno Contra la Violencia de Género, ha anunciado este jueves que ha iniciado sus trabajos para la redacción de una Ley Integral Contra la Trata.
Según explica a través de un comunicado,el departamento que dirige Irene Montero «impulsará» un diagnóstico sobre aquellos aspectos a tener en consideración a la hora de abordar una regulación integral del fenómenos de la trata yaquellos aspectos de la legislación vigente en materia penal y de protección de testigos, de publicidad, y de atención social, entre otros, susceptibles de ser reformados.
Desde Igualdad señalan que la trata «supone una profunda violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de la persona» y «constituye una forma de delincuencia grave, que en la mayoría de las ocasiones implica a organizaciones delictivas a las que proporciona importantes beneficios basados en la utilización de las personas con distintos fines de explotación».
Además, indica, «la trata de personas es un crimen que no es neutral en términos de género». Así, apunta que «la trata de seres humanos afecta a las mujeres de manera desproporcionada, no sólo por registrar la mayor parte de las víctimas, sino porque las formas de explotación a las que son sometidas suelen ser más severas, especialmente la trata con fines de explotación sexual».
El Ministerio recuerda que la normativa europea y los estándares internacionales establecen la obligación de los poderes públicos de prevenir estos graves abusos, a través del Convenio Europeo contra la Trata de seres humanos y la Directiva relativa a la prevención y lucha contra esta lacra, que «compromete» a España a «identificar a las posibles víctimas y ofrecerles una asistencia integral, accesible y apropiada».
En ese sentido también recuerda que el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, compele a los estados parte a adoptar «medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar este delito en su derecho interno».
Además, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en su objetivo estratégico D.3 exhorta a los gobiernos a eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la explotación sexual, prostitución y la trata de mujeres, concluye.
