Los exalcaldes de Almonte (Huelva) Francisco Bella –entonces por el PSOE– y el popular José Antonio Domínguez han defendido este miércoles que el Ayuntamiento era un «simple intermediario» entre la Junta de Andalucía y los agricultores a los que se les concedió parcelas de cultivo en la finca Matalagrana (en el entorno del parque nacional de Doñana), al tiempo que han recordado que el Consistorio «no tiene competencias en materia de aguas».
Así se han pronunciado ambos durante su declaración en el segundo día del juicio que se celebra en el Juzgado de lo Penal 1 de Huelva por las captaciones supuestamente ilegales de agua entre los años 2009 y 2012 en explotaciones sitas en la mencionada finca. En el mismo, ambos han declarado en concepto de «cooperadores necesarios», como les considera la Fiscalía.
En este sentido, Bella –que fue alcalde del municipio desde 1991 y hasta mayo de 2011–, ha sido el primero en declarar, y lo ha hecho en la misma línea que los agricultores, apuntando que fue después del año 2007, cuando comenzaron a llegar los expedientes de sanción, cuando supo del desistimiento de los sondeos, por lo que alertó al Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) sobre este problema, apuntando que desde el mismo le dijeron que «se debía a un error administrativo» que «iban a subsanar» ya que «solo tenían que comunicar a la CHG que los pozos estaban activos», por lo que «se quedó tranquilo».
Asimismo, ha aclarado que en el convenio que firmaban con los concesionarios había sido redactado por el IARA, y que en el mismo se hablaba de un «aporte mínimo de agua» y de los sondeos que había en la finca, así como que solo se incluyeron cláusulas relativas al pago del canon, al tiempo que ha apuntado que al renovar los convenios –el último en 2006 con una vigencia de 25 años– consideraba que «no había ningún problema» y que nunca tuvo dudas de que «se pudiera regar».
En este punto, ha señalado que la Junta de Andalucía fue la que eligió el terreno de Matalagrana para el proyecto piloto de agricultura ecológica «porque hay pozos para regar», ya que «siempre dijeron que había sondeos y que solo había que mandar un escrito a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)».
Finalmente, Bella ha manifestado que a estas preguntas «tendría que contestar el IARA», por los «continuos errores garrafales», a la par que ha señalado que sospecha que había «una pelea administrativa entre el IARA y la CHG», porque «los errores son de la administración, al no ponerse de acuerdo» y «no de los agricultores».
Hemos demostrado que el desarrollo sostenible en Doñana es posible y hay muchos premios nacionales e internacionales por esta experiencia pionera dentro de la agricultura», ha añadido.
