Los partidos independentistas Esquerra Republicana, Junts, la CUP y el PDeCAT han registrado este martes en el Congreso una proposición de ley de amnistía para todos los procesados y condenados por los hechos del proceso independentista del referéndum del 1 de octubre de 2017, una absolución general que consideran «borrón y cuenta nueva» e inicio de una «solución política» para el conflicto catalán.
Se trata de una ley que los partidos independentistas prometieron el pasado mes de diciembre, antes de la disolución del Parlament, y que desde la parte socialista del Gobierno han tachado de inconstitucional, pues prefieren explorar la vía de los indultos o las reformas legales. La última amnistía se aprobó en 1977, como paso previo a las Cortes Constituyentes.
La iniciativa de los partidos independentistas pretende amnistiar «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado«, desde el 1 de enero de 2013, lo que incluiría, además del 1-O, a los condenados por la consulta soberanista de 9 de noviembre de 2014, cuando gobernaba Artur Mas.
Junto con los diputados de los partidos independentistas han acudido al Congreso representantes de Amnistía i Llibertat y de Òmnium Cultural. La ANC ya se ausentó en el acto de presentación de la iniciativa el pasado mes de diciembre, en la Modelo de Barcelona, al considerar que su aprobación en las Cortes no es viable.
La ley ha sido presentada en una comparecencia en catalán y castellano en el Congreso. Montserrat Bassa, por parte de ERC, ha tachado de «salvajada» la respuesta del Estado al referéndum ilegal de 2017 y ha señalado que su amnistía quiere ser «borrón y cuenta nueva» para el independentismo.
Y es que, los portavoces parlamentarios, han querido dejar claro que esta ley de amnistía no es un punto final como fue la de 1977 con el franquismo, sino el inicio de un proceso político para lograr la independencia de Cataluña.
«Esto es el inicio de la solución», ha resumido Ferran Bel, del PDeCAT, quien considera que para hacer política es necesario rehabilitar plenamente a los procesados. «Aunque tiene anclaje en el pasado, esta ley mira al futuro», ha comentado Mireia Vehí, de la CUP.
Bassa, cuya hermana fue condenada en la causa del procés por su papel como consejera, ha indicado que la vía de los indultos no es suficiente porque su objetivo es «el fin de la represión», no un perdón parcial.
Miriam Nogueras, de Junts, también habla de «venganza y ajuste de cuentas» contra los independentistas, y ha defendido la vuelta con garantías de los «exiliados», en referencia al expesidente Carles Puigdemont, huido de España.
