El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para reformar la Ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de modo que no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial un vez expirado su mandato. La previsión es que, tras su paso por el Senado, los cambios estén en vigor en el mes de abril.
Para aprobar la proposición de ley, era necesaria una mayoría absoluta de 176 votos, pero el Gobierno y sus socios la han superado con creces hasta sumar 196 diputados. En contra han votado el PP, Vox y Ciudadanos, hasta alcanzar los 150 diputados diputados, y tambiñen ha habido una abstención.
Ahora, el texto pasará al Senado, donde –si no hay cambios– podría quedar aprobado definitivamente en el plazo de un mes y así entrar en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Durante el debate previo, PSOE y Unidas Podemos han defendido que se trata de una propuesta «necesaria» ante el bloqueo impuesto por el PP a la renovación del CGPJ, pendiente desde hace dos años. Los ‘populares’, por su parte, han calificado la reforma de «chantaje», mientras que Vox y Ciudadanos han vuelto a hablar de ataque a la independencia del Poder Judicial.
El PSOE y Unidas Podemos presentaron su propuesta el pasado mes de diciembre, después de paralizar la tramitación parlamentaria de otra en la que directamente planteaban reducir a mayoría absoluta los 3/5 que exige la ley vigente para renovar el CGPJ, todo ello como alternativa a la negativa del PP a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Desde entonces, la propuesta de los socios de Gobierno ha ido superando todos los escollos en la Cámara Baja en una tramitación urgente acordada por la Mesa del Congreso, que también habilitó el mes de enero con este fin. La Comisión de Justicia la dejó vista para su aprobación definitiva el pasado 16 de febrero, donde se rechazaron las dos enmiendas de supresión que el PP mantenía ‘vivas’.
LLENAR UNA «LAGUNA JURÍDICA»
El objetivo de la reforma, según el texto de la iniciativa legislativa, es «establecer el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial cuando la composición del mismo no se renueve en el plazo establecido por la Constitución, abocando al órgano constitucional a continuar en funciones hasta su renovación».
Para Podemos y PSOE, el hecho de que la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no regule las funciones de un CGPJ caducado es una «laguna jurídica» que «constituye sin duda un déficit en el diseño constitucional del Estado que debe ser corregido».
En concreto, proponen que un CGPJ vencido no pueda nombrar presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, entre otros cargos de la cúpula judicial. En cambio, plantean que conserve «aquellas facultades que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante» para evitar la «parálisis» de la Justicia.
A LA ESPERA DEL ACUERDO
PP y PSOE retomaron a finales de febrero las negociaciones para renovar el CGPJ pero encallaron por el veto de los ‘populares’ a los dos candidatos impulsados por Unidas Podemos, los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Desde entonces, las conversaciones entre ambos partidos se habrían reanudado sin que se conozcan progresos.
Entretanto, el CGPJ ha seguido adelante con su actividad para realizar nombramientos. De hecho, este mismo jueves ha escuchado a la primera decena de candidatos a ocupar las dos plazas de magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que quedaron vacantes por la jubilación de Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego y que fueron convocadas el pasado 4 de febrero.
Y, en el Pleno extraordinario de la semana pasada, hubo suficiente consenso en el CGPJ para realizar seis de las ocho designaciones que tenía sobre la mesa. El presidente, Carlos Lesmes, incluyó estos nombramientos en el orden del día a petición de ocho vocales después de que decidiera inicialmente no hacerlo para dar una oportunidad a la negociación entre PP y PSOE.
Dados los plazos parlamentarios, fuentes del CGPJ han señalado que en el Pleno ordinario programado para el 25 de marzo aún podrían realizarse una serie de nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo.
