El Congreso ha dado luz verde este jueves a la Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, que recoge las medidas necesarias para paliar las consecuencias de la pandemia sufridas por las víctimas de esta lacra.
Todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, han ratificado los cambios realizados durante la tramitación en el Senado de este texto que procede del decreto ley aprobado por el Ejecutivo hace casi un año con el objetivo de convertir los servicios de atención a estas mujeres en esenciales durante el estado alarma por la crisis sanitaria.
La norma incluye medidas destinadas a garantizar la prestación de los servicios de asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social destinadas a las víctimas de violencia género en el marco del estado de alarma. Además, se insta a las administraciones competentes a establecer alternativas a la atención telefónica, a través de medios como la mensajería instantánea para la asistencia psicológica o la alerta con geolocalización para la comunicación de emergencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Del mismo modo, se incluyen servicios de acogida, centros de emergencia, pisos tutelados y alojamientos seguros. Además, se prevé disponer de hoteles, en caso de ausencia de vacantes en los centros designados durante el estado de alarma y se mantendrán con normalidad los servicios de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación.
La ley recoge también medidas urgentes para favorecer la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género por las comunidades autónomas.
CARENCIAS
A pesar del apoyo obtenido, el texto final ha generado algunas críticas desde algunos grupos. La portavoz de ERC en este debate, María Carvalho, ha denunciado que no se hayan aceptado sus enmiendas para cambiar la redacción de la norma y, en lugar de hablar de violencia de género, que a su juicio es un término ya obsoleto, se hablara de violencias machistas o contra la mujer y se abarcaran todas ellas.
Además, ha lamentado que no se haya tratado en este debate la situación de las mujeres trans. Para Carvalho, deberían estar nombradas de forma específica en la norma.
También Unidas Podemos, a través de su diputada por En Comú Mar García Puig, se han referido a este tema, señalando que, en la actualidad están siendo «blanco de la transfobia» mientras esperan una ley que les ampare. «El feminismo también es la cada de las mujeres trans», ha indicado.
EL PP VE «FALTA DE AMBICIÓN»
Pero la más crítica ha sido la representante del PP en materia de violencia de género, Beatriz Fanjul, que criticó a los socios de Gobierno por «falta de ambición» en esta norma.
Según ha explicado, temas como la atención y protección de las mujeres y niñas víctimas de la trata con fines de explotación sexual, la mejora de la protección en el ámbito rural y a mujeres con discapacidad o las condiciones laborales victimas incluidas en ERTES, están en esta ley gracias a las enmiendas de los ‘populares’.
Pero, además, ha criticado que no se hayan aceptado otras medidas que ellos proponen en materia de violencia digital o ciberacoso, así como el cumplimiento del Pacto de Estado de Violencia de Género.
VOX, ÚNICO EN CONTRA
La portavoz socialista en este debate, Lidia Guinart, ha valorado los acuerdos alcanzados en la negociación de esta norma por la que se han logrado medidas como que algunas asistencias se mantenga «más allá del estado de alarma». También ha celebrado el avance en protección a las víctimas de trata y ha señalado que «esta debe ser la legislación de la abolición de la prostitución». Algunas otras medidas sobre inclusión, ha apuntado, son a su juicio, «redundantes», aunque se han incluido finalmente.
Por su parte, la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Sara Giménez, ha recordado que su partido estará siempre al lado de las propuesta «que promuevan la defensa de las víctimas de la violencia de género» y, especialmente, «frente a aquellos que quieren negar esta forma específica de violencia».
El único grupo que ha votado en contra de la norma ha sido Vox. Su portavoz en este debate, Carla Toscano, ha criticado en su discurso al «consenso progre» que, a su juicio, discrimina a hombres, niños y homosexuales a quienes no incluye en las cifras de víctimas. En su intervención ha lamentado que, desde 2013, 138 niños hayan sido asesinados por violencia intrafamiliar y 93 hombres a manos de sus parejas.
En este sentido, ha criticado que no se dedique un minuto de silencio a estas víctimas y sí se haga con aquellas que lo son por violencia contra la mujer. Toscano ha defendido que Vox es el «único» partido que defiende la igualdad de trato mientras, ha denunciado, el Gobierno «sangra en impuestos» a los españoles para conseguir un objetivo de violencia cero que, a su juicio, es «irrealizable».
