Algo debe estar haciendo mal. El Ministerio de Igualdad se inventó para contentar el cupo exigido por Unidas Podemos en 2020 para formar Gobierno y de paso para dar una cartera a Irene Montero, pareja del actual vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Pues bien, pese a que la función aparente por la que este ministerio goza de 451 millones de euros públicos anuales es la de mejorar las condiciones de vida de las mujeres, desde 2019 en España han caído considerablemente todos los índices que miden la calidad de vida de las mujeres. De hecho, España era en 2019 el quinto país en el ránking de las mejores naciones para nacer mujer. Y desde que Montero juega con los 451 millones de presupuesto de su ministerio, España ha pasado del quinto puesto al 15, según el índice del Georgetown Institute for Women, Peace and Security.
Irene Montero ha centrado su legislatura en sacar adelante dos proyectos de ley y regar con subvenciones a todas las asociaciones o estudios de género que se le pongan por delante. Tiene 451 millones de euros anuales para hacerlo y de momento se ha gastado hasta el último euro. Esos dos proyectos clave son la ley trans, que permite a menores acceder a bloqueos hormonales sin el consentimiento paterno o materno, además de que también contempla medidas como reservar plazas públicas a los transexuales porque sí, y la Ley de Libertad Sexual, que busca que el delito de agresión sexual absorba el de abusos y que el consentimiento vaya por delante siempre (alqo por lo que los jueces han emitido un escrito criticando el texto de Montero por las incoherencias y porque el consentimiento ya existe como concepto en el Código Penal, por no hablar de que la ley puede desproteger a las víctimas).
A pesar de todo y de que Montero lleva un año al frente del Ministerio de Igualdad, parece no haber mejorado nada de nada en cuanto a la calidad de vida de las mujeres. Ese mismo año, el 2020, España ha caído diez puestos en el índice del Georgetown Institute for Women, Peace and Security. Del quinto puesto al 15. Y ha caído en absolutamente todas las aristas sociales que se miden en este índice del Instituto de Georgetown para llegar a la conclusión de cuál es el nivel de calidad de vida de las mujeres en un país.
Por ejemplo, en cuanto al número de años que las mujeres pasan escolarizadas, España ha caído de un 9,8 obtenido de nota en 2017 a un 9,7. Poco, pero suficiente como para hacer caer al país unos cuantos puestos. Pero la ruina de la gestión Montero llega con la integración de las mujeres en asuntos financieros, como por ejemplo montar un negocio o tener independencia económica suficiente como para ser autónomas. Aquí, España ha caído desde 2017 de una nota de 97,6 a una calificación de 91,6, una caída enorme que deja entrever dónde está el verdadero problema de la integración de las mujeres en la sociedad y de la igualdad real con la que tanto se le llena la boca a la ministra de Igualdad.
Lo más triste de todo este índice es que España ha vuelto a caer en materia de violencia de género, una lacra que azota la sociedad desde hace décadas y que parece no erradicarse del todo. El país ha pasado de un 0 a un 0,01. Y no, en este caso tener un número mayor no es sinónimo de mejoría, sino de más bien todo lo contrario. En este supuesto hay que decir que Montero sí que ha destinado una buena partida de los presupuestos públicos para paliar las consecuencias de las mujeres que sufren violencia por el mero hecho de serlo.
Pero no todo son malas noticias, pues hay en algo donde las mujeres sí que han mejorado en comparación con otros países del mundo: en el uso del teléfono móvil. Según los datos del Georgetown Institute for Women, Peace and Security, España ha pasado de tener una nota de un 96,1 en 2017 a un 98,3. Quien lidera este grupo es Finlandia, con una nota de 100. Y quien está en los peores registros es Australia.
EL CARO CAPRICHO
El Ministerio de Igualdad de Irene Montero no sale barato. Algunos decían que era un premio de consolación para Unidas Podemos, pero lo cierto es que el PSOE se está tomando muy en serio la coalición y más aún el mantener contenta a la ministra de Igualdad y pareja del actual vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Entre los salarios de los integrantes del equipo de Montero, los 451,42 millones de euros contemplados en los Presupuestos de los que podrá disponer la dirigente morada a su discreción y el dinero destinado por el Estado para publicidad institucional, que son 13,8 millones de euros en el caso de Igualdad, dejan un agujero en las cuentas del Gobierno en plena pandemia de alrededor de 500 millones de euros.
El revuelo fue suficientemente notorio cuando el Gobierno, como parte de una exigencia de Unidas Podemos, engrosó el presupuesto de Igualdad un 157% o, lo que es lo mismo, 275,89 millones más que en las cuentas anteriores. El caso es que el Ministerio de Igualdad sigue recibiendo dinero para cualquier cosa sin importar de dónde venga y comparando las cuentas de la cartera con otros ministerios como el de Sanidad. A esto hay que añadir el anuncio en el Boletín Oficial del Estado a través del cual se han destinado 13,8 millones directamente para publicidad institucional para que Montero riegue los medios de comunicación con sus iniciativas. Como dato comparativo, el de Sanidad cuenta con 14,4 millones, casi lo mismo que Montero.
A todo esto hay que añadir el gasto de los altos funcionarios de Irene Montero, entre los que se encuentra la famosa ‘niñera’, que como directora general recibe un salario anual de 51.946 euros brutos. Si atendemos a las 12 asesoras de Montero, el coste del ministerio se dispara. Patricia Fernández Pérez, directora de gabinete de la Secretaría de Estado, cobra 60.881 euros brutos al año; Clara Alonso Jiménez, una mera asesora se hace con 51.946 euros, mismo sueldo que cobran las también asesoras Teresa Arévalo Caraballo, Alba González Sanz, María Naredo Molero, Ángela Rodríguez Martínez, Lidia Rubio Sánchez y Bárbara Tardón Recio. Luego tenemos que sumar los 45.638,36 que cobra Jesús María Generelo Lanaspa como consejero técnico de información, así como Rubén Juste de Ancos y Manel Ros Salvador, que ostentan el mismo cargo.
