El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez solo incorporó al decreto que regula la gestión de los fondos europeos una de las recomendaciones que le hizo el Consejo de Estado, al contrario de lo que ha dicho la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que ha asegurado que asumieron todas las recomendaciones «esenciales».
En declaraciones a esRadio, Bal ha dicho que lo que debería haber hecho el Gobierno «si fuera responsable y coherente» es «haber acogido las observaciones que el Consejo de Estado, con tremenda dureza en un informe demoledor, hizo sobre el proyecto» del decreto ley acerca del cual recabó su opinión.
Sin embargo, el dirigente de Cs ha indicado que, tras leer el dictamen y compararlo con el texto del decreto ley que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos llevó al Congreso para su convalidación, su conclusión es que «no se siguen las recomendaciones» del órgano consultivo.
«El único detallito» en el que el Gobierno modifica el texto legislativo inicial es «la modificación de los contratos de obra», pero en lo demás, «el real decreto ley que se presenta al Congreso no asume los criterios, observaciones y quejas del Consejo de Estado», ha manifestado.
SUPRESIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA DE CONTROL
Según Bal, el «quid de la cuestión» es la preocupación que muestra el Consejo de Estado por «la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones», que el Ejecutivo justifica como una forma de agilizar la gestión y ejecución de los fondos europeos que España recibirá para su recuperación tras la crisis del coronavirus.
Y en lo relativo a la supresión de la función interventora de control, el diputado sostiene que efectivamente «se suprime» en el decreto. «Es decir, que se va a gastar el dinero sin control», ha avisado.
Por último, sobre la advertencia del Consejo de Estado de que no se ha presentado una memoria del análisis de impacto normativo ni un estudio del impacto presupuestario, ha preguntado al Gobierno «dónde están esos documentos».
