La ‘ley Zerolo’, la ‘ley Trans’ y la regulación del precio de los alquileres ha enturbiado la relación entre los dos partidos que conforman el Gobierno de España, el PSOE de Pedro Sánchez y Unidas Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza.
La amplia aprobación de los presupuestos a finales de 2020 y el plácido inicio de 2021 tras el triunfo del PSC-PSOE en Cataluña y la grata sorpresa recibida por En Comú-Podem, que mantuvo representación en contra de lo que decían casi todas las encuestas, parecía que iban a granjear cierta paz en el Consejo de Ministros.
Pero el pulso entre Carmen Calvo e Irene Montero va camino de volverse irreversiible. Cierto es que al menos Unidas Podemos se ha sentido bien al garantizarle el PSOE dos puestos en el Consejo de Administración de RTVE y proponer a dos personas cercanas a los morados al Consejo General del Poder Judicial (hecho que encalló por la negativa del PP).
ALIVIO PARA LA TENSIÓN
El ministro de Justicia Juan Carlos Campo podría aliviar la tensión entre socialistas y morados gracias a la reforma del Código Penal que impedirá que España sea uno de los escasos países occidentales donde se puede acabar en prisión por delitos relacionados con la libertad de expresión.
Los incidentes sucedidos en varias grandes ciudades tras el encarcelamiento de Pablo Hasél no proyectan demasiada buena imagen internacional para España, cuya Justicia ya ha sido varias veces desautorizada desde Estrasburgo por condenas con aroma político.
DÉFICITS
El PSOE pretende acercarse a Unidas Podemos, que a través de Alberto Garzón aseguró que la cárcel de Hasél es un «síntoma de déficits democráticos graves. Y quienes lo niegan hacen flaco favor a lo que sí funciona bien de la democracia española, que es mucho también».
Pablo Iglesias por su parte reuiteó que los que se enorgullezcan de tener «plena normalidad democrática y se consideran progresistas», en clara referencia a sus compañeros del Consejo de Ministros, «deberían sentir vergüenza».
ANTIGUOS ALIADOS DE PODEMOS ESTALLAN
Raúl Camargo, de Anticapitalistas y exaliado de Podemos, aseguró que «mientras el Estado detiene a Pablo Hasél en la Universidad de Lleida por cantar, la policía da palizas a las vecinas y vecinos de Linares, los nazis se manifiestan contra los judíos en Madrid, Cifuentes es absuelta y la cúpula de Génova trasladada para un lavado de cara. Democracia… ¿Dónde?».
Otros miembros del mismo partido han mantenido discursos similares. Sin embargo en la derecha política la quema de un furgón de los Mossos d’Esquadra en Barcelona con un agente dentro ha provocado un revuelo.
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y portavoz estatal del PP, ya dejó claro que le parecía bien que «un delincuente» estuviese «en la cárcel». Y en Vox el propio Santiago Abascal recordó algunas condenas previas de Hasél para justificar de forma implícita su ingreso en prisión.
PRESIÓN PARA EL PSOE
El mundo de la cultura, desde Pedro Almódovar a Joan Manuel Serrat, condenaron la entrada en prisión de Hasél y este hecho provocó la presión sobre el PSOE, que a través de María Jesús Montero dejó claro que estaban dispuestos a revisar el texto jurídico.
Enrique Santiago, de Unidas Podemos, lleva varias meses preparando la correción de varios párrafos para convertir delitos sobre libertad de expresión en simples multas que solo pasarían a mayores si provocan violencia o ponen en riesgo el orden público.
El PSOE aun así quizás pretenda rebajar el texto de Unidas Podemos en un trámite parlamentario en el que quizás el Partido Popular y Vox hagan fuerza para insinuar que los disturbios de Barcelona han conseguido cambiar sus propósitos.
