El desfalco llevado a cabo por un empleado de la oficina de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Panamá asciende al menos a 5 millones de euros que fueron sustraídos durante un periodo de diez años, según ha desvelado este martes la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau.
Durante su comparecencia ante la comisión específica del Congreso de los Diputados, ha informado también de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación no ha detectado «ningún problema destacable» tras proceder a revisar la situación fiscal y de tesorería en las otras 49 oficinas.
Moreno ha dado cuenta de las gestiones efectuadas desde el Ministerio tras conocerse lo que ha calificado de «un caso totalmente aislado y excepcional» y que de ninguna manera puede ser «justificable» porque supone que «fondos públicos se van por el sumidero».
El desfalco se detectó en febrero de 2020 «ante la ausencia no justificada del administrador contable de la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Panamá» y tan pronto se conocieron los hechos la Embajada española, por orden del Ministerio, procedió a interponer «una denuncia ante la Fiscalía panameña», ha indicado, procediéndose igualmente a suspender empleo y sueldo a esta persona.
Ya en marzo, llegó a Panamá una misión de la Inspección General de Servicios y de la División de Control y Mejora de la Gestión del Ministerio de Exteriores que elaboró un informe sobre lo ocurrido, remitiéndolo al Tribunal de Cuentas el pasado 8 de junio.
Además de notificar a las autoridades panameñas de lo sucedido, en junio se contrató a un despacho de abogados local para que la AECID «se pudiese personar en el juicio como perjudicado» y procediendo el 11 de junio a la presentación de una querella en el país centroamericano, ha indicado Moreno.
«En estos momentos, la investigación sigue su curso», ha informado, precisando que pese a que ya el 3 de abril el procurador general cursó orden de búsqueda y captura contra el sospechoso, este aún no ha sido detenido. Moreno sí que ha aclarado que se trata de un ciudadano panameño.
Desde Vox, su portavoz en la comisión, Víctor Manuel Sánchez del Real, ha afeado a Moreno que haya tardado tanto en dar explicaciones, teniendo en cuenta que los hechos el Ministerio los conoció en febrero si bien la opinión pública no tuvo constancia de ellos hasta julio. «Ha habido ocultación», ha reprochado.
Además, ha criticado que el Gobierno siga sin confirmar la cantidad de fondos sustraída y que la persona que denunció el desfalco no vio renovado su contrato cuando se le debería haber protegido. «¿De verdad este es el mensaje que queremos mandar a los denunciantes en otras oficinas?», ha planteado.
Ante estos reproches, Moreno ha aclarado que la cantidad sustraída se eleva a los 5 millones de euros, si bien aún faltan por comprobarse algunos cheques emitidos por esta persona por lo que «no es la cifra definitiva». Los hechos se produjeron «a lo largo de diez años y de distintos gobiernos», ha resaltado, reconociendo que «es terrible que fuera así».
Respecto a la no renovación de quien dio la voz de alarma, ha explicado que aunque denunció «a lo largo de años no lo había visto» y ha precisado que además «no tenía la formación adecuada para renovarle».
Tras estas explicaciones, el diputado de Vox ha acusado al Gobierno de «mentir» al no haber ofrecido el dato antes cuando se había pedido por vía de pregunta parlamentaria.
REVISIÓN EN EL RESTO DE OFICINAS
Por otra parte, la secretaria de Estado ha señalado que para «minimizar riesgos similares» en marzo el Ministerio puso en marcha «un procedimiento de circularización y confirmación de saldos de tesorería de todas las oficinas» de AECID que concluyó en junio durante el que no se detectó «ningún problema destacable».
Además, el Ministerio ha procedido a la revisión de la contabilidad «mediante circularizaciones bancarias periódicas», control contable de los fondos gestionados por la AECID así como mediante «arqueos de caja periódicos», ha indicado.
También se ha procedido a reforzar la formación en gestión contable y presupuestaria de los directores y cajeros pagadores de dichas oficinas, y a valorar de forma particular en los procesos de selección de dichos responsables de conocimientos en materia de gestión económico-presupuestaria.
Moreno ha subrayado que se ha constatado que «los responsables de las oficinas no tenían la formación necesaria y adecuada» por lo que el pasado noviembre se les ofreció un curso en la materia y además en las nuevas contrataciones se exige dicha formación.
