La Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) ha querido proteger la imagen de su profesión en consecuencia a las investigaciones de Villarejo para el BBVA. En un comunicado, aclara que la ley únicamente permite al detective privado realizar labores de investigación privadas, y no a otro tipo de “consultorías” o “agencias” o, como en el caso de Villarejo, funcionarios policiales.
La Ley de Seguridad Privada prohíbe que cualquier persona al servicio de la Administración Pública realice servicios de investigación privada, aunque no regula el caso de aquellos que se han retirado. “El ejercicio de las funciones correspondientes a los detectives privados no será compatible con las funciones del resto del personal de seguridad privada, ni con funciones propias del personal al servicio de cualquier Administración Pública”, señala la citada norma.
Asimismo, esta ley también castiga a aquellos usuarios que contraten a sabiendas servicios carentes de la autorización específica necesaria. La APDPE explica que los despachos de investigadores privados se encuentran “sometidos a estrictos controles legales y reglamentarios” por parte del Ministerio del Interior, y que están obligados a mantener un libro registro con todas las actuaciones que realizan.
Esta asociación ha querido defender su profesión alegando que todas las investigaciones se ejecutan de manera razonable, sin atentar al “derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen, así como al secreto de las comunicaciones o a la protección de datos”.
El mensaje difundido por la asociación de detectives privados pretende desvincularse de manera absoluta de actividades de “espionaje, chantaje o similares” como es el caso de la “Operación Trampa”, donde la entidad bancaria BBVA ordenó al comisario Villarejo que investigara la vida privada de Miguel Sebastián, jefe de la Oficina Económica de Moncloa durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.
VILLAREJO ESPIÓ 15.000 LLAMADAS PARA EL BBVA
José Manuel Villarejo, comisario de Policía que trabajaba como agente encubierto, fue contratado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en noviembre de 2004, cuando la constructora Sacyr intentó hacerse con el control de la entidad. El dispositivo de espionaje se dedicó a descubrir costumbres sexuales, consumo de alcohol y drogas o problemas con Hacienda de los enemigos del BBVA de Francisco González.
Para su misión, Villarejo adquirió un sofisticado equipo de intercepción de teléfonos que utilizó para espiar más de 15.000 llamadas. El espionaje de llamadas del equipo montado por Villarejo para el BBVA se basaba en la identificación de titulares, el análisis de las llamadas entre ellos y a terceros, y finalmente en la interceptación de algunas llamadas, lo que se conoce como “pinchazos”.
Entre las personas espiadas se encontraban el entonces director de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián; el exvicepresidente del Gobierno y en aquel momento director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato; Luis del Rivero, entonces presidente del grupo Sacyr; el financiero Juan Abelló; Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal; o Carlos Arenillas, vicepresidente en esas fechas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
La operación tenía entre sus objetivos desestabilizar y desconcentrar a quienes dirigían la entrada de Sacyr en el BBVA. Además de usar la artillería pesada, ninguna oportunidad se descartaba, por más pequeña que fuera. Así, por ejemplo, en una ocasión plantearon la posibilidad de aprovechar la afición a los animales exóticos de uno de los espiados para alamar a los vecinos.
