El Ministerio de Derechos sociales está estudiando la posibilidad de crear un registro que permita a las residencias de mayores comprobar que los trabajadores a los que contratan no tienen antecedentes de delitos sexuales, como ya ocurre en el ámbito de la infancia, después de los casos recientes de agresión sexual a dos mujeres mayores en una residencia.
«Hay que adoptar medidas para evitar que casos que son puntuales pero lamentables, como los que hemos conocido recientemente, puedan volver a suceder y esta es una de las posibles medidas que estamos barajando, la estamos estudiando», ha declarado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en una entrevista.
En todo caso, Álvarez ha subrayado que lo que debe quedar «muy claro» es que «el peso de la ley tiene que caer sobre quien ejerce estas agresiones».
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) reclamó el pasado 15 de febrero al Ministerio de Derechos Sociales la creación de un registro para evitar que personas con antecedentes de delitos sexuales puedan trabajar en una residencia.
«Pedimos que se cree de una vez por todas un registro estatal de trabajadores que, por sus antecedentes, no puedan acceder a trabajar con personas dependientes, tal y como ya se aplica en el ámbito de la infancia. Los niños y los mayores son colectivos igualmente vulnerables y merecen el mismo trato y las mismas medidas preventivas», reclamó el secretario general de AESTE, Jesús Cubero.
Así lo pidió la patronal de residencias después de conocerse que dos ancianas habían sido agredidas sexualmente en una residencia de Alcanar, en Tarragona. Fue una de las mujeres residentes la que denunció los hechos a sus familiares el pasado 14 de febrero cuando la recogieron de la residencia para ir a votar en las elecciones catalanas.
