Todavía no han consolidado el gobierno de coalición y ya han empezado a aflorar las primeras discrepancias ideológicas entre el PSOE y Podemos. Y ha sido nuevamente a costa de Cataluña. Los socialistas, como ya anunciaron antes de las elecciones del 10-N, se propusieron aprobar un decreto —conocido popularmente como decretazo digital— para fulminar una posible república digital catalana. Una medida que se aprobó en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones y que esta semana se ha votado en la Diputación Permanente del Congreso. Ha sido en ese momento en el que los morados han mostrado su parcial desacuerdo con la misma.
Al partido de Pablo Iglesias no le convencía esta medida. De hecho, estaban dispuestos a votar en contra. Sin embargo, unas modificaciones de última hora en el documento han sido las causantes de que los morados acabaran cambiando su voto del no a la abstención. Una decisión que no gustó a todo el mundo y que ahora ha obligado a la formación a justificarse. Y Pablo Echenique ha sido uno de los encargados de hacerlo. El diputado ha publicado un documento en el que se muestran algunos de los cambios que han conseguido introducir en dicho decreto para hacerlo, según sostiene, “mucho menos lesivo”.
LA JUSTIFICACIÓN DE UNIDAS PODEMOS
Podemos ha tenido que sacar a la luz este documento para poner fin a las múltiples críticas que han recibido por abstenerse. La formación se ha justificado asegurando que, sin su abstención, igualmente el decreto habría salido adelante, ya que contaba con el sí tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, sin contar con el apoyo unánime de los socialistas, impulsores de la medida.
Según Echenique, se han introducido premisas para controlar que no haya una merma de la libertad, algo de lo que acusan a dicho decreto. La norma en cuestión permite al Gobierno asumir la gestión de redes y servicios de comunicaciones electrónicas en situaciones determinadas en las que haya peligro de alterar “orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”. Sin necesidad de orden judicial previa.
Es por ello que en el documento distribuido por Podemos se añade que estas intervenciones deberán ser justificadas y supervisadas por la Justicia. “Se incluye expresamente control jurisdiccional inmediato de las decisiones de concesión o denegación de autoridades que puedan suponer la suspensión de una servicio por parte de la administración”. Además, sostiene que esta mediación del Gobierno “nunca podrá implicar un recorte de las libertades y derechos fundamentales recogidos en el ordenamiento jurídico”.
Un punto que la formación asegura que no se habría podido introducir si hubieran votado en contra. Partidos de la confluencia, como Izquierda Unida, mostraron su disconformidad con este decreto-ley cuando se anunció. Una opinión que ahora usan los detractores contra ellos. Tal ha sido el descontento de sus seguidores que, además de Echenique, otros miembros de Unidas Podemos, como su líder, Pablo Iglesias, o el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, se han apresurado en justificar su decisión de abstenerse.
Iglesias ha explicado que modificaron su voto a cambio de conseguir un compromiso del PSOE para impulsar un Proyecto de Ley que incluya garantías adicionales para este decreto –una vez esté asentada la nueva legislatura–. Por su parte, Santiago ha añadido que esta fue la mejor solución, ya que “votando en contra no habríamos conseguido que el PSOE aceptara las modificaciones ni tumbar el Decreto”. En cambio, “absteniéndonos hemos introducido las garantías fundamentales y salvaguarda de derechos reivindicadas por las organizaciones de defensa de la libertad de información.”
INTERVENIR INTERNET, SIN ORDEN JUDICIAL
Las críticas que ha recibido el decreto —y por tanto a aquellos que lo han apoyado— se sostienen en su presunta inconstitucionalidad. Algunos partidos y expertos mantienen que estas modificaciones podrían afectar a la libertad de expresión. El nuevo decreto-ley permite al Gobierno cortar redes y comunicaciones sin contar con una orden judicial previa, siempre y cuando alegue que lo hace para mantener el “orden público”.
La idea del decreto, que se aprobó en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, se vendió como una forma de evitar la declaración de la república digital catalana. Sin embargo, el texto final no hace ninguna referencia a esta cuestión, sino que lo extiende a términos generales. Esta nueva norma amplía los supuestos en los que el Ejecutivo puede decidir intervenir las telecomunicaciones.
Estos cambios no han sido del agrado de buena parte de la oposición. En representación de ERC, Montserrat Bassa alertó que esto permitiría que “sea el Gobierno, y no un juez, el que corte el acceso a internet” y añadió que ahora «se podrán cerrar webs o pinchar cualquier canal de comunicación”. Vox, que también ha votado en contra, considera que este decreto ataca a la libertad de expresión.
PP y Ciudadanos, aunque han criticado algunos aspectos del mismo, han acabado dando su apoyo, sobre todo, por su interés en frenar la posibilidad de una república digital catalana. Y con el respaldo de sendos partidos ha sido suficiente para sacar el texto adelante. En contra, además de Vox y ERC, también se han posicionado PNV. Por su parte, Unidas Podemos ha sido la única abstención.
