Agentes de la Policía Nacional han liberado a cuatro mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en Alcalá de Henares (Madrid) en el marco de una operación simultánea llevada a cabo en España y Uruguay que se ha saldado con la detención de ocho personas, cinco de ellas en territorio español.
El operativo ha permitido desarticular una organización criminal transnacional dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos. Las mujeres, que vivían en Uruguay en situación de necesidad económica, eran trasladadas a España y obligadas a ejercer la prostitución en vía pública y casas de citas en condiciones muy precarias e insalubres.
En el marco del mismo, cinco personas han sido arrestadas en España por los delitos de pertenencia a organización criminal y trata de seres humanos con fines de explotación sexual y tres más en Uruguay por el delito de trata de seres humanos. De los ocho detenidos, cuatro han ingresado en prisión provisional.
También se han llevado a cabo seis entradas y registros, uno de ellos en una finca situada en Alcalá de Henares, dos en Guadalajara y otros tres en domicilios ubicados en Montevideo. Asimismo, se ha incautado diversa documentación, efectos informáticos, 16.470 euros, 56.000 dólares y 360 pesos argentinos en efectivo, además de numerosas joyas y efectos de valor.
La investigación se inició desde el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, gracias a la información aportada por una ONG.
La organización trasladaba a las mujeres desde su país de origen hasta España, donde eran recogidas a su llegada al aeropuerto por los principales responsables de la organización o por sus familiares. Desde allí, eran llevadas hasta domicilios particulares de Alcalá de Henares o de Guadalajara.
Las mujeres contraían una deuda que incluía el pago del alquiler y la manutención por su estancia en la finca donde eran explotadas, y que debían saldar ejerciendo la prostitución. En concreto, la deuda económica ascendía a 3.500 euros en conceptos de traslado, documentación y ropa, que debían saldar a través de la explotación sexual.
Las víctimas también debían pagar la cantidad de 20 euros al día en concepto de alojamiento y manutención. Además, la organización les racionaba la comida.
Las mujeres desarrollaban su actividad principalmente en una finca de Alcalá de Henares y en las calles del polígono industrial La Garena, de la misma localidad. Los precios de los servicios sexuales oscilaban entre 20 y 30 euros, la mitad de las cuales eran para la organización, y el horario que debían cumplir era de lunes a sábado desde las 10 hasta las 20 horas, siendo obligadas a trabajar incluso con temperaturas bajo cero durante el temporal de nieve de Filomena.
Los implicados se servían de familiares en territorio nacional para el control de las víctimas, constituyendo así una organización criminal caracterizada por una fuerte estructura y diferenciación de funciones. La forma de captar a los clientes se realizaba a través de anuncios publicados en webs de contactos o directamente ofreciendo sus servicios en las calles del propio polígono.
