Las Defensorías del Pueblo autonómicas han respaldado la petición formulada por el Defensor del Pueblo estatal de adecuar los requisitos de las renovaciones de las autorizaciones de residencia de menores extranjeros y jóvenes extutelados que alcanzan la mayoría de edad con el fin de reducir la vulnerabilidad de este colectivo.
En un comunicado, han dado a conocer que algunas Oficinas de Extranjería han endurecido los criterios existentes, al exigir a los jóvenes solicitantes de la primera renovación de la autorización de residencia disponer de recursos económicos propios, tras perder el amparo de la Entidad Pública.
Los nuevos criterios restrictivos niegan la existencia de recursos económicos propios cuando el joven tenga sus necesidades cubiertas por un centro asistencial o cuando sea beneficiario de una prestación asistencial, según las Defensorías del Pueblo autonómicas, que añaden que, cuando se tramitan la segunda y posteriores renovaciones, las Oficinas exigen que el joven acredite unos ingresos del 400% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que se sitúa en 2.100 euros mensuales.
Por todo ello, afirman que exigir a un joven en esta especial situación de vulnerabilidad semejantes requisitos de solvencia económica les impide normalizar su residencia y alertan de que propiciará su exclusión social y laboral.
Asimismo, denuncian que se está vulnerando el principio del interés superior del menor al que están obligadas las administraciones públicas y contraviene las obligaciones de proteger a los jóvenes extutelados, aspectos contemplados en la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Ley de Protección Jurídica del Menor.
Los firmantes de esta adhesión son el Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Síndic de Greuges de Cataluña, Valedora do Pobo Gallego, Diputado del Común de Canarias, Ararteko, Justicia de Aragón, Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Procurador del Común de Castilla y León, y el Defensor del Pueblo de Navarra se han sumado a esta petición.
En las 34 Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo celebradas en Andalucía el pasado mes de octubre de 2019, los defensores autonómicos y el Defensor estatal recomendaron la modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería para que se eliminara la interpretación restrictiva que limita el derecho de los menores extranjeros a obtener la autorización de residencia en la llamada Declaración de Tarifa, promulgada en dichas Jornadas.
Posteriormente, el Defensor del Pueblo formuló una recomendación, a la que se han sumado las Defensorías del Pueblo autonómicas, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para adecuar los requisitos exigidos para la renovación de la autorización de residencia a los jóvenes ex tutelados.
La recomendación aboga por modificar los artículos 196, 197 y 198 del Real Decreto 557/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería para su adaptación a la Ley de Protección Jurídica del Menor y a los criterios de la Observación General número 14 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
