El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes recoge la reforma de la Ley Orgánica 4/1982 del Estatuto de Autonomía de Murcia en la que se suprimen los aforamientos en esta región, dos semanas después de que la mayoría del Senado diese su apoyo a esta misma reforma, que ya había recibido su apoyo en el Congreso de los Diputados.
La ley orgánica, sancionada por el Rey Felipe VI, viene a dar respuesta a la «crisis de confianza» de la ciudadanía en el «sistema político», que «ha venido agravándose por razón de los numerosos asuntos relacionados con la corrupción política que han puesto en jaque la credibilidad de la política, de las instituciones y de aquellas personas que desempeñan esa actividad de servicio público».
Este panorama hace, según recoge el texto, «hoy más que nunca necesaria una respuesta política inmediata ante una situación» que no puede seguir deteriorándose. Así, el documento señala que el origen de la figura jurídica del aforado se remonta al siglo XIV, una figura que no tiene «razón» de ser actualmente.
No hay margen, ni razón, para seguir manteniendo esta figura del aforamiento especial para los diputados de la Asamblea Regional de Murcia, ni para los miembros del Consejo de Gobierno, que si bien deben seguir protegidos en el ámbito de su libertad de expresión parlamentaria y política, no deben continuar ajenos a la jurisdicción ordinaria por aquellos asuntos que ajenos a su normal desempeño parlamentario les impliquen de forma directa en cualesquiera procedimientos judiciales de cualquier ámbito jurisdiccional», señala.
Así, y como estaba previsto, el Estatuto de Autonomía ha visto modificado sus artículos 25 y 33, de tal manera que los diputados regionales y el Consejo de Gobierno seguirán protegidos únicamente en el ámbito de su libertad de expresión parlamentaria y política.
Murcia es una de las cuatro CCAA –junto a Murcia, Canarias y Baleares– que han suprimido de sus Estatutos de Autonomía los aforamientos para sus diputados autonómicos y miembros del gobierno regional que, a partir de ahora, podrán ser juzgados por tribunales de justicia ordinarios. Estas modificaciones han llegado antes que la reforma de la Constitución que prometió en 2018 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para eliminar los fueros a nivel nacional.
