Un año y once meses de prisión, junto con multa de 425.000 euros y responsabilidad civil de 459.738 euros es la pena impuesta al principal acusado de la supuesta trama dedicada a dar altas ficticias en la Seguridad Social para permitir el cobro de prestaciones.
La condena por un delito continuado de estafa se ha impuesto después de que R.G.G. como principal acusado haya reconocido su culpabilidad y se haya conformado con lo que solicitaba el Ministerio Público, una vez la Fiscalía ha reducido a la mitad la multa y haya rebajado en un mes la pena de cárcel inicialmente solicitada.
El Auditorio Guadalquivir del Palacio de Ferias y Congresos de Jaén ha vuelto a convertirse en sala de vistas para acoger este macrojuicio que iba a sentar en el banquillo a 84 acusados, aunque finalmente, tras la conformidad de la inmensa mayoría, solo se ha celebrado con tres acusados. Quedan pendientes de juzgar cuatro acusados, dos de ellos por no haber sido posible su localización.
Los tres acusados que no se han conformado han declarado ante el tribunal para negar su implicación en los hechos. Los tres han coincidido en que fueron contratados por la empresa del principal acusado, pero que ellos trabajaron de forma efectiva en diversas obras.
«Yo sí trabaje. A mí me llamaba para trabajar en chapuzas y eso es lo que hacía», ha dicho uno de los tres acusados con los que finalmente se ha celebrado el juicio. Los tres han defendido que ellos realizaron trabajos reales y que solicitaron la prestación cuando acabó su relación laboral.
Las penas impuestas al resto de acusados que se han conformado tras reconocerse autores de un delito de estafa en concurso con otro de falsedad documentad se limitan a penas económicas de multa más la responsabilidad civil de devolver lo defraudado.
El de este lunes ha sido el segundo de los juicios celebrados por la Audiencia de Jaén en la Institución Ferial de Jaén (Ifeja) con el objetivo de poder garantizar las medidas de seguridad en lo que respecta sobre todo a aforos y distancia social.
El principal acusado ha reconocido en su conformidad que tal y como mantenía el Ministerio Fiscal dio de alta como trabajadores a 83 personas entre 2003 y 2007 y lo hizo «por el tiempo imprescindible y necesario para que una vez dados de baja pudieran cobrar prestación por desempleo, maternidad, subsidio por desempleo e incluso prestación por incapacidad en algún caso».
Para darlos de alta, el empresario les cobraba una cantidad que rondaba los 800 euros. Una vez pasado el tiempo, y sin que hubiera prestación real de servicios, el acusado, R.G.G., les daba de baja y les facilitaba toda la documentación necesaria para que la presentaran ante los organismos competentes y pudieran cobrar la prestación que se derivara de cada caso.
Todas las prestaciones supuestamente cobradas de forma indebida sumaron 452.656,84 euros. Dinero que ahora todos los que se han conformado reconociendo los hecho deberán devolver por el perjuicio causado a la Tesorería General de la Seguridad Social.
La Delegación de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Jaén ha destinado más de 12.700 euros para poder celebrar dos macrojuicios en Ifeja y garantizar así que se celebren con todas las medias de seguridad frente al covid.
