Ciudadanos ha registrado este lunes una iniciativa en el Congreso para reprobar al vicepresidente Pablo Iglesias y que sea destituido por cuestionar la plena normalidad democrática de España por los presos del procés. Pero, además, quieren que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, explique el daño que esas palabras puedan hacer a la imagen de España en el extranjero.
En concreto, en una entrevista con el diario Ara, Iglesias ha asegurado que «no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión (Oriol Junqueras, de ERC) y otro en Bruselas» (Carles Puigdemont de Junts).
Esta afirmación llegó después de que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, recordase a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que España es una «democracia plena» donde «no hay presos políticos» sino «políticos presos», cuando éste comparó el encarcelamiento del líder opositor ruso Alexéi Navalny con la situación de los presos del procés.
Frente a esto, el grupo parlamentario que capitanea Inés Arrimadas ha registrado una proposición no de ley en la que pide a la Cámara Baja que repruebe al vicepresidente segundo por estas declaraciones, al tiempo que reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le cese.
DAÑO REPUTACIONAL AL PAÍS
Para Ciudadanos, estas son unas declaraciones que van «en contra de la imagen de España, del interés nacional y de la reputación de sus instituciones democráticas en el exterior» que exigen, además, que el líder de Podemos dé cuenta de las mismas en la Comisión de Calidad Democrática del Congreso.
La ofensiva parlamentaria de la formación naranja también incluye una solicitud para que la jefa de la diplomacia española, Arancha González Laya, explique, por su parte, las consecuencias que las dudas de Iglesias sobre la calidad democrática pueden tener para España y sus instituciones.
Se trata de la segunda reprobación que Cs lleva este lunes al Congreso, donde también ha pedido que se censura al ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, por poner en duda la evidencia científica del uso de las mascarillas FFP2 frente al Covid.