Feministas advierten del «retroceso» en derechos de la Ley Trans de Igualdad

Ocho feministas de larga trayectoria han advertido este lunes de la «propaganda» que, a su juicio, contiene el borrador de la Ley Trans del Ministerio de Igualdad. Un texto que, según han denunciado, es «aún peor» de lo que se temían.

Se trata de las mismas activistas que redactaron una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un grupo formado por las exdiputadas socialistas Ángeles Álvarez y Juana Serna; las escritoras y articulistas Laura Freixas y Marina Gilabert; las filósofas Alicia Miyares, Rosa María Rodríguez Magda y Victoria Sendón de León, quien también es fundadora de la Fundación Matria; y la miembro del Consejo de Estado Amelia Valcárcel.

Ahora, a través de un comunicado, estas mujeres han denunciado que la norma que ha presentado el equipo de Irene Montero es un «retroceso» en derecho humanos y en las políticas de igualdad entre los sexos.

En concreto, indican que «pone peligro a la infancia» al hablar de menores trans. «No es en absoluto progresista, sino políticamente reaccionario y constitutivo de posible abuso infantil», apuntan.

A su juicio, el texto, que llaman ‘Ley Montero’, «fomenta» que estos niños tomen «decisiones no informadas, sino inducidas» a edades en las que «ni el cuerpo ni el cerebro se han desarrollado» y les «aboca» al uso de bloqueadores de la pubertad y al tratamiento hormonal cruzado. «Eso les expone a efectos dañinos de por vida, y a auténticas terapias de conversión de las que los adultos quedan eximidos pues para ellos es suficiente expresar ‘me siento/soy'», explican.

Las feministas denuncian la intención de Igualdad de mantener el concepto de ‘identidad trans’ en menores de forma «empecinada» y «contra el criterio de los profesionales que trabajan en las unidades de endocrinología y que han indicado que un 85% de menores desisten del supuesto ser trans cuando superan la pubertad».

DESPATOLOGIZACIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO

«Como consecuencia de estas políticas educativas, que ya están siendo cuestionadas en Reino Unido tras las denuncias presentadas por jóvenes que fueron encaminadas a esos tratamientos, el número de niñas y niños atendidos por la clínica británica Tavistock, especializada en identidad de género, se incrementó en más de un 4.000% en menos de 10 años, y en la comunidad de Cataluña, activamente implicada en estas políticas, el incremento fue de más del 2.200%, siendo el 70% niñas que piden transicionar a niños», recoge el comunicado.

También rechazan la «despatologización» de la transexualidad que se recoge en la ley, apuntando que «certificar no es patologizar» y que «toda medida no común se certifica, desde el carnet de conducir al grado de discapacidad».

Del mismo modo, critican que una norma como esta «rebaja los fines con los que en su día se aprobó la ley de violencia contra las mujeres», ya que las propuestas que realizan «la acerca a la ‘violencia intrafamiliar planteada por la extrema derecha».

«El género es la construcción cultural de los estereotipos sexuales. Al dar carta de naturaleza a las identidades de género, el borrador de ley afianza el sexismo jerárquico que estos estereotipos comportan», advierten las feministas. Es por ello que creen que el reconocimiento jurídico de la identidad de género, que se recoge en la Ley Trans, «vacía de contenido la categoría ‘sexo’ y la convierte en algo subjetivo».

«Si el sexo es irrelevante a nivel jurídico, todas las políticas para combatir la desigualdad estructural que las mujeres padecemos se tornan irrelevantes», apuntan.

«ES INCONSTITUCIONAL»

Tras exponer estos argumentos, las activistas señalan que la norma de Igualdad contiene «algunos preceptos» que son «claramenteinconstitucionales». Así, critican que «su falta de claridad lingüística atenta a la seguridad jurídica exigida por el artículo 9.3 de la Constitución española»; o que el término género «se confunde a lo largo del texto con el sexo», que, según explican, es «la conceptuación que divide a las personas biológicamente en mujeres y hombres».

Es por ello que consideran que «lejos de afianzar la igualdad entre los sexos», esta norma «es un retroceso» debido a las «muchas insuficiencias» que tiene, además de otras que, indican, no pueden exponer.