El juez Llarena ha vivido el Derecho en su familia desde que tiene uso de razón. Su padre fue un prestigioso abogado que, posteriormente, accedió como magistrado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Asimismo, su madre fue la primera mujer que se inscribió como ejerciente en el Colegio de Abogados de Burgos. Pero, sin duda, es el jurista más conocido de su linaje hasta el momento.
Su nombre, como el de otros jueces, está ligado al procés al haber querido parar los pies a quienes pusieron en jaque a todo el Estado de Derecho en España. Pero, ¿Cuáles han sido sus polémicas más recientes y por qué es el juez que tropieza en Europa?
LLARENA EMITE UNA EUROODEN CONTRA COMIN, PONSATÍ Y PUIG
El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha emitido órdenes europeas de detención y entrega contra los exconsellers catalanes Antoni Comin, Lluis Puig y Clara Ponsatí, procesados en la causa del procés y declarados en rebeldía.
Estas euroórdenes se han emitido por delitos de sedición y malversación de caudales públicos, en el caso de Antoni Comin, por delito de sedición, respecto a Carla Ponsatí, y de malversación y desobediencia, en cuanto a Lluis Puig.
En el auto, el juez hace un relato de hechos a partir de las diligencias practicadas hasta la fecha en la causa del procés, y considera plenamente justificada la petición realizada por la Fiscalía el pasado 31 de octubre para activar las euroórdenes contra los tres exconsellers, una vez que se ha dictado la sentencia de la Sala II del Supremo en relación a otros 12 procesados en el mismo caso. Las tres personas citadas se encuentran en situación de rebeldía desde el 9 de julio de 2018.
EL REINO UNIDO RECHAZA TRAMITAR LA EUROORDEN
Pero parece que no le va resultar fácil conseguir la euroorden, al menos no la de Carla Ponsatí. En un principio, la Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido ha rechazado tramitar la orden de detención europea contra la exconsellera de Enseñanza de la Generalitat, Clara Ponsatí, por resultar «desproporcionada con arreglo a la legislación del Reino Unido«, según consta en una documentación remitida al Ministerio del Interior español por las autoridades británicas.
Según parece, el delito de sedición de Clara Ponsatí no ha superado ni siquiera el primer filtro que realiza la oficina de Sirene, que es la encargada de validar las descripciones de las personas reclamadas por las autoridades judiciales de los estados europeos para su detención y puesta a disposición judicial en los procesos de extradición.
La documentación que ha enviado el Ministerio del Interior, no ha sido «certificada» por Sirene, por lo tanto, el Reino Unido no tomará ninguna medida en relación con lo solicitado.
REINO UNIDO RECTIFICA Y DECIDE ESTUDIAR LA EUROORDEN
A pesar de en un primer momento decidieran no actuar y rechazar la euroorden contra Ponsatí, parece que la policía británica ha rectificado y ha declarado que la orden no es «desproporcionada», tal y como habían indicado en un principio, sino que «le falta información esencial». Además, han pedido disculpas por la falta de comunicación y han demandado esa información esencial que necesitan.
La policía británica ha apuntado que la euroorden contra Ponsatí no proporciona «suficientes detalles sobre la naturaleza del delito» de sedición. Indica, además, que en la petición de extradición cursada por el juez Llarena «falta una descripción del lugar y sitio donde se cometió el delito», y agrega que la euroorden debe mostrar «una clara conexión entre el delito» y la persona reclamada, en este caso Ponsatí.
Después de recibir la información y validarla, se tramitará la euroorden y la policía británica podrá detener a Carla Ponsatí para ponerla a disposición el juez.
LLARENA EMITE OTRA EUROORDEN, ESTA VEZ CONTRA PUIGDEMONT
Tras notificarse la sentencia del procés, el juez decidió emitir una nueva orden europea e internacional de detención y entrega del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, por delitos de sedición y malversación de caudales públicos.
La Fiscalía pidió al magistrado que adoptase la medida de forma inmediata para dificultar la salida de Puigdemont a un país que pusiera grandes trabas a la entrega. Según expone el juez, los hechos probados en la sentencia suponen que los indicios de delito que se reflejaron en el auto de procesamiento «no sólo persisten, sino que cuentan hoy con una sentencia que opera como elemento de refuerzo respecto del pronóstico de responsabilidad del fugado».
La euroorden está dirigida a todos los países que se han sumado a este sistema de colaboración judicial, pero específicamente el juez la remite a Bélgica, donde reside Puigdemont.
LAS CHARLAS PRIVADAS Y PAGADAS DE LLARENA
En el año 2018, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, interpuso una demanda civil en Bélgica contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Ante esto, el Ministerio de Justicia advirtió que, en ningún caso, el Estado podía asumir la defensa del juez por unos actos privados.
Pero el comunicado cambió poco después ya que Pedro Sánchez anunció que no era una cuestión privada, sino una cuestión de Estado. A finales de la semana, desde la Moncloa se anunció que contratarían a un bufete belga para que se hiciera cargo de la defensa del magistrado. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunciaba que el Gobierno defendería a Llarena “hasta las últimas consecuencias”.
Lo que defienden, según dijo Sánchez, no era al juez Llarena en particular, sino a la soberanía de jurisdicción del Estado español.
