La Audiencia Nacional no se plantea enviar a la comisión de investigación sobre la ‘operación Kitchen’, que en unas semanas arrancará en el Congreso de los Diputados, la documentación que obra en el sumario de la causa judicial y que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6, según fuentes jurídicas.
El pasado 28 de enero la comisión que preside la socialista Isaura Leal aprobaba por un lado el listado de comparecientes, entre los que está el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, y por otro la documentación que se debía requerir a la Audiencia Nacional.
En concreto, aprobaron reclamar información relativa al comisario –que está en el centro de la investigación de la pieza separada número 7– como sus agendas incorporadas a la causa, las grabaciones efectuadas por el excomisario a Cospedal y a su marido en la sede nacional del PP, y la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017.
También quieren tener acceso a los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez –el que fuera número dos en Interior en la época del ministro Jorge Fernández Díaz– y las dos actas notariales instadas por él sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil de Fernández Díaz, y que hacían mención al operativo.
A esto, desde la comisión sumaban todos los oficios policiales de la causa, el informe del inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago que declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial, los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los policías implicados, así como la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos a la escala básica de la Policía.
Ante esta batería de documentación, estas mismas fuentes jurídicas consultadas ya avanzan que los diputados que participen en esta comisión no van a poder contar con ningún documento que obre en el sumario. La razón para este cierre en banda podría ser que, aunque el secreto del sumario se levantó en septiembre de 2020, sigue existiendo una reserva sobre el mismo y sólo las partes en el procedimiento pueden conocer tal documentación.
Cabe recordar que en esta pieza 7 de la macrocausa ‘Tándem’ que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 se investiga el operativo parapolicial orquestado en 2013 y que tenía por objetivo sustraer información sensible relativa al PP que estaba en posesión del extesorero Luis Bárcenas para que no llegara al juzgado que investigaba ya entonces la ‘Caja B’ del partido.
Pese a esta negativa de la Audiencia Nacional de mandar documentación que obre en la causa a la comisión, a la ecuación hay que sumar que en esta pieza están personados como acusación tanto Podemos como el PSOE, por lo que de facto tienen acceso a toda la documentación, o a casi toda, porque una pequeña parte de la misma sigue bajo secreto –la referente al registro domiciliario del que fuera chófer de los Bárcenas y confidente de la Kitchen–.
INVESTIGADOS RELACIONADOS CON EL GOBIERNO DE RAJOY
En la pieza ‘Kitchen’ se encuentran investigados, además de Villarejo, altos mandos policiales como el exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino; el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas; o el que fuera responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.
Pero también están imputados Jorge Fernández Díaz, quien fuera ministro del Interior en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, y su ‘número dos’ Francisco Martínez. Por todo ello, desde el PP solicitaron al magistrado y a los servicios jurídicos del Congreso que informaran sobre cómo puede afectar el uso de estos documentos a los derechos constitucionales de los investigados, muchos de los cuales serán llamados a comparecer en dicha comisión.
Por otro lado, fuentes jurídicas han indicado que el magistrado Manuel García-Castellón aún no ha recibido ningún escrito solicitando dicha documentación, pero, en cualquier caso, apuntan las mismas fuentes, el magistrado no autorizaría el uso ni la remisión de ninguna documentación del sumario.
Así, recuerdan que se trata de documentos enmarcados en una investigación judicial y ahí deben permanecer. «Ese asunto se trabaja en la Audiencia Nacional», han subrayado las fuentes consultadas.
