La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha presentado este miércoles un informe sobre las oposiciones para acceder a la Carrera Judicial en el que advierten del error de modificar el sistema actual por razones de igualdad de género o por motivos socioeconómicos, tal como –dicen– pretende el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos.
En una nota de prensa, la asociación judicial explica que el Gobierno quiere modificar estas oposiciones y, apoyándose en el informe, apuntan que si bien ningún sistema es perfecto y puede mejorar, el actual es «un modelo semejante al de los países de nuestro entorno y presenta indudables ventajas».
Entre esas ventajas, desde la AJFV, destacan que el sistema actual asegura un alto nivel de formación jurídica de quienes superan el proceso, garantiza la independencia de los jueces frente a injerencias del poder político, evita sesgos ideológicos en la selección de los futuros jueces y facilita la incorporación de las mujeres a la judicatura.
Por eso, dicen, «resulta llamativo que el Ejecutivo recurra al argumento del sexo cuando, como demuestra este informe siempre con datos oficiales y contrastados, más de la mitad de los jueces españoles ya son mujeres (54,3%)». Y añaden que dos de cada tres aspirantes que han aprobado las oposiciones durante los últimos 25 años son mujeres.
«Estos datos tan obvios son la prueba evidente de que en este país no hay ningún problema de igualdad en el acceso a la Carrera Judicial desde hace décadas, que alguien utilice ese argumento sólo se puede explicar por ignorancia o para disimular otros intereses, pero desde luego no por la igualdad de género, porque a nadie se le ocurre poner esa excusa en una situación donde las mujeres ya son más del 70 por ciento», explica el portavoz nacional de AJFV, el también magistrado Jorge Fernández Vaquero.
LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA
En relación a los motivos socioeconómicos que pudieran llevar a modificar las oposiciones, algunos sectores esgrimen esta razón «para asegurar que la mayoría de aspirantes son ricos», desde la asociación indican que «nadie ha ofrecido ningún dato que avale una afirmación que, mientras no se demuestre lo contrario, sólo parece sustentarse en prejuicios».
Recalcan que no hay dato objetivo sobre el nivel de renta de quien se prepara para ser juez, y aseguran que, de hecho, las únicas cifras que se pueden vincular a la clase social o nivel económico de los aspirantes a juez en España apuntan justo a lo contrario: que se trata de «un sistema de selección abierto a amplias capas de la población».
Al hilo, recuerdan que una de cada tres personas que aprobaron las últimas oposiciones procede de familias cuyos progenitores no tienen estudios superiores (33,1%) y los que pertenecen a familias con ambos padres licenciados o graduados son apenas el 43,5%.
Y añaden a todo esto que en relación a como influye el parentesco, «que ciertos sectores utilizan como coartada para insistir públicamente en que es muy difícil llegar a juez si no eres hijo o familiar de juez», los datos objetivos «vuelven a desmontar esta falacia». «Los que aprobaron la oposición en lo que va de siglo teniendo un juez en la familia no llegan ni al 6 por ciento, y en las últimas promociones, menos incluso (ni el 5 por ciento)», recuerdan.
EL PRECIO DE SER JUEZ Y LA «ESTIGMATIZACIÓN» DEL SECTOR
Según el informe presentado por la AJFV el 95 por ciento de los aspirantes necesita el apoyo económico de la familia para preparar la oposición en la Carrera Judicial, y cifran el esfuerzo entre 100 y 300 euros mensuales a lo largo de cuatro o cinco años de media.
Por este motivo recuerdan que llevan años reclamando un sistema de becas suficientes para ayudar a estos opositores, especialmente a los que más lo necesiten, pues en la actualidad son las propias asociaciones judiciales y algunas entidades privadas las únicas que ofrecen esas ayudas, que por tanto siguen siendo muy limitadas.
Es obvio que esta inversión de tiempo y dinero resulta siempre más asequible para quienes pueden asumirla con más facilidad, pero exactamente igual que ocurre para ser abogado del Estado, inspector de Hacienda, médico o catedrático, cuyo trabajo también es susceptible de prejuicios ideológicos y nadie se ha planteado modificar el acceso a esas profesiones con excusas de género o clase social», dicen. Apuntan que esos motivos económicos «sólo se utilizan para estigmatizar a los jueces, no a otros servidores públicos».
Por último, desde la asociación indican que en el informe se plantean medidas concretas para mejorar los exámenes, los temarios y las prácticas de esta oposición, y se insiste en que se elimine la fase de refuerzo y sustitución con la que la Administración «pretende suplir las deficiencias de la plantilla de jueces y magistrados a costa de la formación de los futuros jueces».
«Si alguien pretende cambiar las oposiciones a juez por falsos prejuicios ideológicos o para hacer ingeniería social con la Carrera Judicial, provocará uno de los errores más graves que pueden cometerse en cualquier democracia moderna y las consecuencias no las sufriremos sólo los profesionales de la Justicia, sino también y sobre todo los propios ciudadanos», concluye el portavoz de AJFV.
