Los líderes del BNG, Ana Pontón, y del PSdeG, Gonzalo Caballero, defenderán este martes en el Pleno del Congreso la proposición de ley del Parlamento de Galicia que busca traspasar a la Xunta la titularidad y las competencias de la Autopista del Atlántico, la AP-9.
La delegación autonómica que intervendrá en el hemiciclo la completa Diego Calvo, vicepresidente del Parlamento gallego y una de las figuras del PP gallego como vicesecretario del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo y presidente provincial de A Coruña.
El traspaso de la AP-9 lleva años reclamándose desde Galicia, El Parlamento gallego aprobó un primer texto por unanimidad en marzo de 2016, pero tuvo que presentar otros dos textos ante el veto del entonces Gobierno de Mariano Rajoy.
Un veto levantado por el Ejecutivo del PSOE tras la investidura de Pedro Sánchez en 2018, lo que permitió su debate ante el Pleno en diciembre de ese año. En aquella votación, la iniciativa obtuvo el apoyo de todas las formaciones del Congreso, a excepción de Cs, que optó por abstenerse, pero la disolución anticipada de las Cortes Generales por la convocatoria anticipada de elecciones dio al traste con su tramitación.
La ley se somete de nuevo a un debate de toma en consideración en el Congreso, y esta vez llega de la mano de destacadas figuras de la política gallega y con tiempo por delante para que pueda completar su tramitación parlamentaria.
La iniciativa, plantea la transferencia a Galicia de la titularidad y las competencias sobre el régimen de concesión, y las funciones y servicios ejercidos hasta ahora por la Administración General del Estado.
Una vez hecho el traspaso, la comunidad gallega tendrá encomendada la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptación o reformas, junto con los enlaces y vías auxiliares; la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista; la potestad sancionadora respecto de incumplimientos de la concesionaria con respecto a la explotación; las modificaciones que afectan al régimen económico-financiero de la concesión, supresión de tarifas y peajes, así como programas de descuento y la redacción de convenios o adendas relativos al régimen de concesión actual.
Por su parte, el Estado, según el texto aprobado por el Parlamento gallego, «conservará a su cargo, respecto de la sociedad concesionaria de la autopista, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que fuesen motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que tuvo la competencia».
El traspaso, que se realizará en el momento en que tenga efectividad la transferencia de los medios materiales y presupuestarios necesarios, a través del acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Xunta de Galicia y el correspondiente decreto, no supondrá incremento alguno de los créditos ni minoración de ingresos previstos en los Presupuestos en vigor.
