La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva de origen albanés dedicada a favorecer la inmigración irregular hacia Reino Unido. Para ello desplazaba de forma clandestina a migrantes a través de ferries y buques que partían desde diferentes puertos del litoral mediterráneo y la cornisa cantábrica.
En la operación se ha detenido a 9 personas, de los cuales 8 eran de nacionalidad albanesa y uno de nacionalidad brasileña. Además, se han realizado 11 registros, en los que se han podido intervenir numerosos dispositivos telefónicos e informáticos.
También han sido aprehendidos varios documentos de identidad y pasaportes de diferentes nacionalidades e identidades, así como tarjetas bancarias y tarjetas de remesadoras de dinero.
INMIGRACIÓN CLANDESTINA A REINO UNIDO
La operación dio comienzo a principios del año 2018. Por aquel entonces, los agentes de la Benemérita pudieron detectar que hubo un gran incremento del número de ciudadanos de origen albanés que pretendían embarcar de forma clandestina con destino al Reino Unido.
Para la inmigración al territorio británico hacían uso de plataformas de ferris y busques que, principalmente, partían del Puerto de Santurce (Vizcaya) así como de otros del litoral cantábrico.
Teniendo en cuenta los antecedentes al respecto y valorando que España era el país de tránsito con respecto a su destino final, la primera fase de la investigación pudo concluir que, debido al creciente tránsito de personas de nacionalidad albanesa localizadas, existía una estructura delictiva que favorecía la inmigración de estas.
ORGANIZACIÓN COMPUESTA POR DOS CÉLULAS
Una vez avanzada la investigación, los agentes de la Guardia Civil pudieron constatar que la organización estaba compuesta por dos células. Una de ellas estaba operando en Bilbao-Barakaldo-Sestao, mientras que la otra estaba actuando en otras provincias para proporcionar a los migrantes la infraestructura necesaria para subsistir en España hasta que fuesen conducidos finalmente a su embarque clandestino.
Esta segunda célula estaría actuando desde Albania o mediante contactos con intermediarios residentes en campamentos establecidos cerca del Puerto de Santurce.
Estos embarques eran llevados a cabo como polizones en tráileres, caravanas, contenedores… así como en habitáculos en el interior de buques y maleteros de los vehículos estacionados en el aparcamiento que estaba restringido para las navieras.
También partían de camiones que se encontraban estacionados en áreas de descanso próximas a los puertos. Allí se encontraban a la espera de poder embarcar en los ferries que se dirigían hacia Reino Unido.
Los puertos que empleaba la organización delictiva para favorecer la inmigración fueron los de Santander, Vigo, Avilés, Gijón, Ribadeo, Ferrol, Pasajes, y también Valencia y Castellón.
RIESGO PARA LOS MIGRANTES EN LA INMIGRACIÓN IRREGULAR
En el modus operandi de este tipo de organizaciones adquiere una gran relevancia el riesgo para la integridad física e incluso la vida del migrante. Esto se debe a que debe pasar por diferentes fases de ocultamiento para favorecer la inmigración irregular que se lleva a cabo.
A los detenidos se les imputa un supuesto delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. También se les acusa de un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, falsedad documental y contra la salud pública.
Estas imputaciones se deben al uso de tarjetas de crédito supuestamente sustraídas, el robo de gasoil, robo en el interior de viviedas y la gestión y administración de cultivos de marihuana para el posterior comercio con la sustancia psicotrópica.
La operación tuvo lugar en Bilbao, Sestao, Santurce, Getxo, Bermeo, Eibar (Gipuzkoa), Laredo (Cantabria), Almazora (Castellón).
Durante la investigación, la Guardia Civil ha tenido la colaboración en el intercambio de información con otros cuerpos policiales internacionales. Entre ellos se encuentran la NCA británica, la Policía Nacional francesa y EUROPOL.
La investigación fue desarrollada por el Grupo de Información de la Comandancia de Bizkaia, junto con la Jefatura de Información de la Guardia Civil y los Grupos de Información de las Comandancias de Gipuzkoa, Cantabria y Castellón. Ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Barakaldo y por la Fiscalía Provincial de Bizkaia.
ESPAÑA, LA PRINCIPAL ENTRADA DE LA INMIGRACIÓN IRREGULAR EN EUROPA
España es la principal ruta de entrada de inmigración irregular a Europa. Estas llegadas se producen principalmente a través de las costas, registrando más de 56.000 llegadas en el año 2018. Además, hay que tener en cuenta que al menos 769 personas perdieron la vida al tratar de llegar a las costas españolas.
En estos datos, referentes al pasado año, se puede observar cómo en junio se superaron las 20.000 entradas de inmigrantes a través del Mediterráneo. Desde el 1 de enero al 16 de diciembre de 2018 accedieron a España de forma irregular 55.621 inmigrantes.
Este dato supone más del doble de los 21.258 que, en el mismo periodo del año anterior (2017) hicieron lo propio. La mayoría de estas llegadas tienen lugar por el Mediterráneo.
A las Islas Canarias llegaron 1.266 inmigrantes en 2018, lo que supuso un crecimiento considerable con respecto a los 416 de 2017. Asimismo, en Ceuta y Melilla se recibieron 547 y 866 inmigrantes, en 2018. El año anterior se habían registrado 239 y 564, respectivamente.
A la falta de conocer los datos relativos al presente año 2017, se puede ver cómo España es la principal entrada de la inmigración irregular a Europa.
EXPULSIÓN DE LOS INMIGRANTES IRREGULARES
Un porcentaje de las personas que llegan de forma irregular a España son expulsadas del país. En el año 2018 fueron expulsadas 5.100 personas, mientras que las previsiones para 2019 es que la cifra se eleve a más de 9.000 personas.
De igual forma, hay otras personas que ingresan en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs). Fueron creados para el control de los flujos migratorios y tratar de frenar la inmigración irregular, además de agilizar las expulsiones.
En estos centros se interna a personas migrantes en una situación irregular con vistas a su posterior expulsión. Sin embargo, el 60% de las personas que ingresan en los CIEs no llegan a ser expulsadas.
Una vez son puestas en libertad, estas personas se encuentran sin derechos ni pueden ser repatriadas a su país. Esto ha hecho que en numerosas ocasiones se haya cuestionado la ineficacia de los CIEs y se incida en la necesidad de propuestas alternativas.
Estas personas que entran de forma irregular a España, no pueden regularizar su situación ni trabajar de forma legal en al menos tres años. Esto hace que se encuentren en una situación compleja, recibiendo principalmente ayudas de colectivos de la sociedad civil y la iglesia. Durante este tiempo, están expuestos a una gran vulnerabilidad y en muchas ocasiones se ganan la vida a través del mercado de trabajo irregular. En otras, son víctimas de abusos.
