El Parlamento de Canarias ha convalidado este martes por unanimidad el decreto ley del Gobierno de Canarias que modifica la normativa de atención a la infancia para que los menores migrantes –más de 2.600 bajo tutela de la comunidad autónoma– puedan ser atendidos en albergues juveniles, residencias de estudiantes, establecimientos turísticos alojativos u otros establecimientos residenciales de uso colectivo similar, y además sin limitación de número –estaba fijado en 20– salvo que se superen las condiciones de aforo.
La portavoz del Grupo Mixto (Cs), Vidina Espino, ha apuntado que Pedro Sánchez quiere convertir a Canarias en «una cárcel» de Europa a semejanza de lo que ocurre en Lesbos (Grecia) por lo que ha pedido al Gobierno regional que «se plante ante sus jefes y diga así no».
Jesús Ramos (ASG) ha comentado que hay un «incremento constante» en la llegada de menores migrantes a las islas –más de 2.000 en el último año–, lo que ha generado una «sobrecarga» en la red de atención, por encima incluso de la ‘crisis los cayucos’ de 2006.
Ha comentado que la modificación legal permite incluir nuevos espacios de atención, como albergues, residencias juveniles o establecimientos turísticos, algo necesario para mejorar las condiciones de acogida.
María del Río, de Sí Podemos, ha reconocido que la «alta incidencia» en la llegada de menores migrantes ha «mermado» la capacidad de acogida de las islas, y cree que esta modificación atiende a la defensa de sus intereses y derechos.
Ha solicitado una «distribución solidaria» de migrantes por toda España, especialmente con los menores, subrayando que Canarias solo tiene una «capacidad óptima» de acogida de unos 400 cuando tiene actualmente más de 2.600, por lo que es «urgente» que se acometan derivaciones. Necesitamos más recursos y que sean trasladados a la Península y Europa«, ha indicado.
Luis Campos, de Nueva Canarias (NC), ha indicado que este decreto trata de dar una «respuesta adecuada» a la acogida de los menores migrantes porque «no se va a dejar a nadie abandonado», si bien ha reconocido que el archipiélago está «desbordado».
Ha señalado que el Gobierno de Canarias ha respondido a esta crisis migratoria de forma «diligente» pero «no es suficiente», subrayando también que no se trata de dar «solo un techo» sino ofrecer una estrategia de integración en la sociedad isleña.
Campos ha pedido más solidaridad a otros territorios pues es «injusto» que la carga recaiga exclusivamente en zonas fronterizas.
Astrid Pérez, del Grupo Popular, ha comentado que hay un «verdadero caos» en la gestión de los menores no acompañados debido a la alta afluencia en la llegada y la pandemia, reconociendo que no hay tiempo para organizar una estructura fija y estable.
No obstante, y aunque ha ofrecido el apoyo de su grupo, ha señalado que alojarlos en los hoteles «no es lo más adecuado», lo mismo que en residencias de estudiantes, ya que cuando se logre recuperar la normalidad seguirá la «avalancha» en la llegada de cayucos y pateras.
«Este decreto es un parche», ha indicado, por lo que ha pedido al Gobierno de Canarias que planifique un plan de protección a medio plazo.
Por el Grupo Nacionalista, Cristina Valido, ha comentado que hay una «emergencia evidente» con más de 2.600 menores bajo la tutela de la comunidad autónoma «y cada día llegan más», con centros de menores desbordados «y la única salida» es un decreto para modificar la norma.
CC-PNC CRITICA LOS MACROCENTROS
Aún así, ha apuntado que no convalida el decreto «con gusto» porque prefieren centros más pequeños, que son más eficientes para dar un trato y una educación digna, de ahí que inste al Estado y la UE que busquen soluciones. «La solidaridad no es para nosotros, es para los niños y los adolescentes», ha destacado.
Además, ha pedido al Ejecutivo que fije un plazo temporal porque es una situación «coyuntural» y no se deben «normalizar» los grandes centros que tienden a la masificación.
Teresa Cruz, del Grupo Socialista, ha valorado que el Gobierno quiera «respetar la ley» y no vulnerar los derechos de los menores, por lo que el decreto ley permite habilitar espacios con carácter excepcional ante la «sobreocupación» de la red.
Al igual que CC-PNC, ha mostrado su deseo de que la nueva ley del menor de Canarias regule la atención a los menores no acompañados
