La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha lamentado que se siga sin tomar medidas, «sin ser drástico», porque cada día que se pierde pasan «muchas cosas» en el Sistema de Salud, por lo que ha reiterado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que si no quiere aplicar medidas, que dé herramientas a las CCAA para hacerlo.
«Se ha cerrado la reunión con el compromiso por parte del ministro de analizar las propuestas que se le han planteado, pero queremos rapidez en la respuesta porque cada día que perdemos pasan muchas cosas en nuestro Sistema Sanitario», ha explicado al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
La consejera ha asegurado que no salía «satisfecha» de la reunión porque la situación es «grave» y hay que tomar decisiones de una manera «ágil» porque detrás de los contagios, vienen los ingresos, las Ucis y los fallecimientos, por lo que lamentan que no se tomen decisiones o ser lo «más drásticos» posible.
«Cogobernanza significa tomar decisiones de manera conjunta y estoy de acuerdo con la unidad de acción pero no con la unidad en la inacción. Estoy de acuerdo en trabajar todos juntos, que valoremos cuáles son las mejores medidas y lo hagamos de manera unitaria. Esa coordinación en un momento como este es claro y por eso lo reclamo, pero si yo no voy a tomar las medidas como Ministerio, nosotros sí necesitamos las herramientas para tomarlas», ha expuesto.
El Ministerio se ha comprometido a la evaluación de las propuestas autonómicas, referidas a la modificación del Real Decreto 926/2020, por el que se regula el actual Estado de Alarma vigente declarado por el Gobierno de la Nación.
Así, Castilla y León y otras ocho CCAA (Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia y Madrid) han solicitado al Ejecutivo central «nuevas herramientas» jurídicas que se adecuen a la situación epidemiológica y asistencial por la COVID-19, de manera que dispongan de más mecanismos «oportunos» y lo más «inmediatos» posible, adaptados a la tercera onda pandémica y referidos a la limitación de la circulación ciudadana y al establecimiento de confinamientos. Además, otras cuatro, según el relato de Casado, han dicho que no necesitaban más medidas, pero que en caso necesario las podrían aplicar.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha valorado como suficiente el actual marco jurídico nacional frente a la pandemia, insistiendo en que las CCAA aún disponen de margen decisorio y que hay que esperar a ver cómo se obtienen resultados de las medidas implementadas.
En este sentido, la responsable sanitaria castellanoelonesa ha insistido en que es necesario dotar a las CCAA de las herramientas legales que garanticen la «efectividad jurídica» de las medidas a implementar ante cada situación, incluidos la ampliación de horarios del toque de queda y posibles confinamientos, más allá de la actual redacción del Real Decreto 926/2020.
Verónica Casado ha insistido en que la situación epidemiológica y sanitaria por esta tercera ola de la COVID-19 está siendo aún «más grave» que las dos ondas pandémicas anteriores, por lo que es «absolutamente necesario» la adopción de medidas que palien esta situación.
La Junta recuerda que, en cuanto a normativa publicada en el BOCyL y sobre la que no existe aún resolución judicial, sigue vigente en Castilla y León el toque de queda establecido entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana, además de otras medidas tales como la limitación, con carácter general, de las reuniones en espacios de uso público y privado a un máximo de cuatro personal; la reducción del aforo en lugares de culto a un tercio, con hasta veinticinco personas en total; y el cierre perimetral del conjunto autonómico y de todas y cada una de las provincias.
Además, todos los territorios provinciales permanecen en el nivel 4 de alerta sanitaria para la contención de la COVID-19, con las medidas preventivas reforzadas vigentes.
