Vox ha presentado en el Congreso una enmienda de totalidad a la reforma del PSOE y Podemos para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, en su texto alternativo, reclama que los doce vocales del mundo judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados y que no puedan ser propuestos aquellos que hayan estado vinculados a partidos o gobiernos.
A instancias de los grupos que forman parte del Gobierno, esta reforma de la Ley del Poder Judicial se va a tramitar en el Congreso por el procedimiento de urgencia, lo que implica reducir todos los plazos a la mitad.
Aunque el primer plazo de enmiendas no acaba hasta el lunes 25 de enero, Vox ya ha registrado su enmienda de totalidad contra la proposición de ley, lo que obligará a celebrar un nuevo debate en el Pleno del Congreso, ya en febrero.
EMPEZAR POR CAMBIAR EL SISTEMA
Lo que propone Vox es tirar la propuesta de PSOE y Podemos para limitar las funciones del CGPJ caducado y sustituirla por otra reforma de la Ley del Poder Judicial destinada a cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.
Su idea es «retornar al sistema de designación de los vocales del CGPJ de la Ley Orgánica de 1980» de manera que doce de los veinte vocales que integran el Consejo –al margen de los ocho juristas que la Constitución reserva a los grupos parlamentarios– «sean elegidos entre y por Jueces y Magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales mediante voto personal, igual, directo y secreto».
Pero, además, propone que quienes tengan o hayan tenido vinculación con algún partido político», ya sea como afiliados, integrantes de listas electorales o cargos de naturaleza política en cualquier administración territorial, sean excluidos de la competición y no puedan ser candidatos al CGPJ.
Según Vox, la proposición de ley de PSOE y Podemos pretende «borrar definitivamente la imprescindible separación entre los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, haciendo al órgano de gobierno de los jueces preso de los dictados de la mayoría de Gobierno, por exigua que esta sea».
ASÍ NO
Los de Santiago Abascal admiten que el actual CGPJ ha rebasado «con creces» su mandato, pero cree que la solución plantada por los grupos del Gobierno no es la adecuada.
«Resulta curioso que no se dirigen a acabar con la anomalía que constituye esta dilación excesiva y con el desembarco descarado del poder político en el órgano de gobierno de los jueces. Tampoco pretenden eliminar las situaciones que fomentan que la renovación del CGPJ consista en un reparto obsceno entre los partidos del consenso y que favorezca los bloqueos. Antes al contrario, buscan ahondar en la politización del poder judicial y en su servilismo hacia los restantes poderes y, particularmente, al Ejecutivo», denuncian.
