El Gobierno puede superar los problemas para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos a los que se enfrenta por la negativa del prior de la abadía a permitir el acceso a la Basílica. Legalmente, el Ejecutivo tiene una vía para sustituir a la orden religiosa que gestiona este controvertido lugar y, por lo tanto, al prior.
Esta previsión está contenida en el informe que una comisión oficial de expertos realizó sobre el futuro del Valle de los Caídos en 2011 y que ha sido el referente de las actuaciones defendidas por el PSOE. Este documento recuerda, en primer lugar, que el Gobierno puede modificar el convenio con la Abadía de Silos, del año 1958, mediante Real Decreto.
El mismo convenio permite, además, otra vía, como es “la sustitución de la comunidad benedictina por otra institución de la Iglesia, tanto regular como secular”. Esta iniciativa puede tomarse por el incumplimiento del citado convenio.
El acuerdo del Consejo de Ministros del pasado mes de noviembre, con el que se daban los primeros pasos prácticos para realizar la exhumación, indicaba que, para entrar en la Basílica y poder extraer los restos de Franco, había que recabar las autorizaciones precisas (como la solicitada al prior) “o llevar a cabo las medidas legales oportunas”.
En el Palacio de la Moncloa señalan a MONCLOA.COM que el Gobierno dará cumplimiento al Real Decreto Ley que da pie a la exhumación “emprendiendo las medidas legales que fueran necesarias”, aunque no han querido concretar cuáles serían estas. En el Gobierno confían, por el momento, en el diálogo con la jerarquía eclesiástica para solventar el problema.
La segunda vía legal con la que el Gobierno podría quitarse de encima al prior benedictino que ha frenado la exhumación de Franco, mediante la sustitución de esta comunidad religiosa se encuentra en el artículo sexto del decreto franquista que regula el Valle de los Caídos. Este prevé que, caso de que la abadía benedictina no cumpla con los fines de Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (la entidad dueña del lugar) el patronato de la misma “dará cuenta de ello, razonadamente, a la Santa Sede, para que ésta autorice la sustitución de la Abadía Benedictina por otra Orden o Instituto de la Iglesia”.
“Lo que sí parece digno de atención es que algunas de dichas obligaciones, se cumplan o no, no son las adecuadas a los tiempos actuales y a un Estado aconfesional como se configura España”
La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos está dirigida a día de hoy por el propio Estado, a través de Patrimonio Nacional. El informe de la comisión de expertos sostiene incluso que esta entidad ya no es tal fundación, aunque tenga su apariencia. En la práctica, según el citado informe, “funciona, administrativa, económica y contablemente, como un servicio de Patrimonio Nacional”.
Así pues, está en manos del Estado considerar si la abadía benedictina del Valle de los Caídos cumple con los fines de la Fundación. El decreto franquista obliga a la abadía a una serie de obligaciones. El comité de expertos apunta al “eventual incumplimiento” de cuatro de ellas.
Estas obligaciones son, “mantener el culto con todo el esplendor que la Iglesia recomienda” recopilar la doctrina de los Pontífices y pensadores católicos sobre el pensamiento social y su legislación, así como mantener al día una biblioteca especializada sobre estos asuntos y la redacción y divulgación de trabajos sobre materias sociales que realice el propio centro.
El convenio también obliga a la abadía a celebrar ejercicios espirituales “especialmente dedicados a fomentar el cumplimiento de los deberes sociales por los patronos, técnicos de empresas y obreros”, que es otro de los puntos que podrían no estar cumpliéndose, según la comisión de expertos.
El informe de los expertos señala que “lo que sí parece digno de atención es que algunas de dichas obligaciones, se cumplan o no, no son las adecuadas a los tiempos actuales y a un Estado aconfesional como se configura España”.
LA EXHUMACIÓN Y EL VATICANO
Los expertos que elaboraron el informe sobre el futuro del Valle señalaron que la sustitución de la abadía benedictina debería negociarse con la Santa Sede. Hay que recordar que ésta ya ha expresado que no pondría problemas para la exhumación, como recordó el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en la reciente visita de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. En el mismo sentido se ha pronunciado el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
La comunidad benedictina del Valle no quiso participar en los trabajos de la comisión de expertos con sus aportaciones, sino que se limitó a remitirse al convenio vigente sobre su papel en este monumento.
El prior del Valle de los Caídos, ha basado su decisión de no autorizar la entrada en la Basílica para exhumar los restos de Franco en la negativa de la familia y en que no hay una situación jurídica clara. MONCLOA.COM ya adelantó que el prior podría tomarse un tiempo para aclarar si no existía ningún obstáculo a la petición del Gobierno.
Hasta el momento, en el Palacio de la Moncloa se recuerda la pasada afiliación del prior a Falange Española, que explicaría su postura contraria a la exhumación. En cualquier caso, confían en que éste cumpla la ley.
Por el camino, el Gobierno está haciendo gestiones con la jerarquía eclesiástica, pero el prior de la abadía del Valle de los Caídos no depende jerárquicamente del arzobispado de Madrid o de la Conferencia Episcopal, que es la puerta a la que llama el Ejecutivo. Como explican en medios episcopales, por encima del prior del Valle de los Caídos está el abad.
