Tras las revueltas vividas en Cataluña la noche del pasado martes en protesta por la sentencia del procés, los principales partidos han expresado sus posiciones respecto a las soluciones a tomar. Vox ha ido más allá y de la mano de Santiago Abascal ha solicitado en el Congreso la declaración del estado de excepción, como mecanismo constitucional para llegar al origen de los incidentes y detener a los culpables, entre los que cita a Quim Torra, presidente de la Generalitat.
En concreto, ha registrado un escrito en el que pide a la Mesa de la Cámara que convoque a la Diputación Permanente con el fin de que dicho órgano, el único que sigue existiendo tras la disolución de las Cortes, inste al Gobierno a «iniciar de inmediato los trámites necesarios para proceder a la declaración del estado de excepción previsto en el artículo 116 de la Constitución española».
En el texto, recogido por Europa Press, Vox justifica esta medida en tanto que «la grave alteración» del orden público y constitucional que están perpetrando grupos «organizados y jaleados» por las instituciones públicas en Cataluña tras hacerse pública el fallo condenatorio se ha incrementado exponencialmente hasta llegar a una situación en la que el Estado de Derecho en Cataluña se encuentra «en grave riesgo.
El líder de Vox subraya que la «irresponsabilidad» del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez no previendo «con antelación suficiente» la adopción de las medidas necesarias, como la Ley de Seguridad Nacional, o negando la realidad del clima que se vive en Cataluña, exige que ahora se aplique el estado de excepción.
ES «LA ÚNICA RESPUESTA» PARA RESTABLECER LA CONVIVENCIA
Por eso, defiende que hoy «la única respuesta» del Estado de Derecho «para restablecer la pacífica y normal convivencia y regularidad de los servicios públicos esenciales en Cataluña, garantizando la seguridad, la integridad y la vida de las personas», es «la declaración de estado de excepción».
Y es que, según argumentan, el llamamiento a la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana que se está realizando por otras formaciones políticas, como el PP, resulta a todas luces «insuficiente e inadecuada», en la medida en que el restablecimiento del orden constitucional, vista la «extrema» situación que ha alcanzado, «no se logra con la sola respuesta policial mediante una coordinación reforzada bajo una autoridad única».
Según la Constitución, la proclamación del estado de excepción permite ampliar los tiempos máximos de detención y los registros domiciliarios, así como suspender el ejercicio de derechos fundamentales como el de expresión o el de prensa. Debe ser declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso.
La secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha detallado que con el estado de excepción se permitiría la detención por el periodo de diez días de quienes ponen en riesgo la seguridad y la libertad en Cataluña.
ESTO NO SE SOLUCIONA SÓLO POR VÍAS POLICIALES
A su juicio, «esta amenaza» no se soluciona por vías policiales y es preciso «llegar al origen de los atentados». En ese sentido, Olona considera «evidente» que desde las propias instituciones catalanas, incluyendo el Govern de Quim Torra y el Parlament que preside Roger Torrent, «se está jaleando a esos radicales violentos» por lo que «absolutamente» podrían ser detenidos.
Eso sí, no considera necesario que sean las Fuerzas Armadas quienes apliquen el estado de excepción en Cataluña y cree que bastan «una serie de medidas mucho menos gravosas» como prohibir manifestaciones, intervenir TV3 y ampliar los tiempos de detención.
Aunque Vox no tiene capacidad para forzar la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, Olona apela a la «responsabilidad» de la Mesa de dicho órgano, que preside la socialista Meritxell Batet, para acceder a su solicitud y permitir el debate. «La Mesa puede agarrarse a mil excusas, pero desde hoy lo que tienen es un escrito riguroso y serán cómplices de lo que suceda si no la atienden», ha subrayado.
