La Mesa del Congreso ha vetado este miércoles con los votos de PSOE, PP y Vox la comisión de investigación sobre el uso de tarjetas black por parte de Juan Carlos I impulsada por Unidas Podemos y otros seis partidos, pese a que esta vez la iniciativa contaba con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Cámara.
Según han informado fuentes parlamentarias, tal y como avanzó este martes, el PSOE ha votado en contra de la admisión a trámite de la iniciativa auspiciada por su socio de gobierno, que ya no seguirá su tramitación pese a que, por primera vez, había logrado el aval de los letrados de la institución.
Unidas Podemos, que contaba con la firma de ERC, Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG, ya asumía que la investigación sólo podría afectar al presunto uso de tarjetas opacas por parte de Juan Carlos I tras su abdicación en junio de 2014, dada la inviolabilidad del titular de la Corona, pero los representantes del PSOE en la Mesa han mantenido su tradicional posición y han unido sus votos a los del PP y Vox para inadmitir la iniciativa.
Así las cosas, la creación de esa comisión de investigación no podrá ser debatida en el Pleno del Congreso, como sí aceptaban los letrados de la Cámara.
Desde el PSOE alegan que este asunto ya esta bajo investigación judicial en el Tribunal Supremo y apuntan, además, que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional viene señalando que entre las funciones del Parlamento no está el control de la Monarquía ni de la Jefatura del Estado. Para el Grupo Socialista, su posición es coherente con la doctrina de la Cámara.
YA FRENARON OTRA SOBRE LOS GAL
En todo caso, esta no es la primera vez en esta legislatura que el grupo mayoritario actúa en el sentido contrario al marcado por los servicios jurídicos, cuyos informes no son vinculantes.
El pasado mes de junio, por ejemplo, los socialistas votaron en contra de la admisión por la Mesa de una comisión de investigación sobre la relación del expresidente del Gobierno Felipe González con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), pese a que ésta contaba con el aval de los servicios jurídicos.
Fue una iniciativa impulsada por ERC, Junts, PNV, EH Bildu, la CUP y el BNG tras salir a la luz unos documentos de la agencia de inteligencia estadounidense CIA que vinculaban a González con la creación de este grupo terrorista protagonista de la denominada ‘guerra sucia’ contra ETA.
En aquel momento, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, admitió que sus representantes en la Mesa vetaron esa iniciativa por una «posición política» y no por motivos reglamentarios.
