Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, ha declarado este lunes que la sentencia del TS «confirma la estrategia de represión y venganza». Puigdemont realizaba estos comentarios tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista en Cataluña, sentencia que según él condena a su vez «a más de dos millones de personas que hicieron posible el referendo de 1 de octubre».
En una declaración en la delegación de la Generalitat de Cataluña en Bruselas, el líder independentista ha asegurado además que tras el fallo del Alto Tribunal español «queda más reforzada que nunca la necesidad de vivir en un país verdaderamente libre». En vista de la reactivación por parte del juez Llarena de la euroorden para su arresto, Puigdemont calificaba a España como un «régimen de represión» y de «brutalidad judicial», como recoge el diario El Mundo.
El líder independentista, arropado por sus ex consejeros Comín, Serret y Puig, también aprovechaba para llamar a una «movilización no violenta», al expresar en Bruselas que «tenemos que movilizarnos y tenemos que hacer sentir nuestra voz. Hay muchas formas y todas tienen que ser democráticas y no violentas«. Puigdemont añadía también que «hay que responder con más fuerza que nunca», después de instar a convertir las elecciones generales del 10 de noviembre en «una respuesta de rechazo, dignidad y firmeza».
El expresidente aseguró que la «capacidad de resistencia» del independentismo es «infinita», insistiendo en la necesidad de dar una respuesta contundente en las próximas elecciones del 10 de noviembre. Puigdemont quiso apelar a «independentistas y no independentistas», animando a decir basta «si aman la libertad y la democracia».
LA OPINIÓN DE LA UE NO VARÍA
La portavoz del presidente de la Comisión Europea, Mina Andreeva, ha recalcado que «la Comisión Europea respeta plenamente el orden constitucional español incluidas las decisiones del poder judicial». De esta forma Andreeva decía que la UE sigue manteniéndose al margen del conflicto, asegurando textualmente que se trata de «una cuestión interna de España».
