El alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, ha emitido un decreto para que UFD, la distribuidora de Naturgy, proceda en un plazo máximo de 48 horas a la retirada y desconexión de los enganches ilegales a la red eléctrica de una serie de parcelas del sector IV y V de la Cañada Real Galiana, tras el informe de la Policía local que las identifica como zonas de cultivo de marihuana.
Con ello, el Ayuntamiento ripense entiende que, con estas desconexiones selectivas a aquellas parcelas que copan un consumo sobredimensionado, se podrá así restablecer el suministro eléctrico a las familias afectadas, que llevan sin luz desde hace tres meses,
El decreto, remitido ya a la compañía, dispone los medios materiales de Seguridad de la administración local que la empresa considere convenientes para ejecutar dicha suspensión. En concreto, se notifica a los servicios de Urbanismo, Mantenimiento Urbano y Policía Local a prestar la asistencia para estas labores.
Del Cura especifica que estas conexiones generan «un riesgo potencial» para la seguridad de la totalidad de los más de 2.000 residentes en la zona, al carecer de licencia municipal ni supervisión técnica.
También detalla esas parcelas a las que se ciñe la suspensión, ante el perjuicio que generan para el resto de habitantes. Para ello, se apoya en las disposiciones de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y en otras normativas.
El alcalde actúa así después de que la Policía Local de Rivas haya elaborado un informe que ubica las parcelas sospechosas de la Cañada Real que realizan conexiones ilegales a la red eléctrica para cultivo de marihuana. Además, UFD había solicitado a la administración que confirmara una hoja de ruta que avalara la opción de los cortes selectivos y la asistencia de los miembros de las Fuerzas de Seguridad al respecto.
Antes, pidió al Juzgado de Guardia de Arganda del Rey para que obligue cautelarmente a Naturgy a restituir el suministro de electricidad en el sector V de Cañada Real y reclamó a la empresa la presencia de su personal técnico para desconectar los enganches ilegales relacionados con la producción de marihuana.
INFORME DE LA POLICÍA DE RIVAS
En un informe suscrito ayer por el Jefe de la Policía Local del Consistorio ripense, se reporta datos y fotografías de las parcelas sospechosos de ubicar estas plantaciones en el sector IV y V de la Cañada Real, a tenor de la sobrecarga de tensión eléctrica asociada a los empalmes ilegales realizados a la red.
«Se pone en conocimiento la identificación de parcelas sospechosas de que se está cultivando este tipo de drogas, que generan un perjuicio grave a los residentes, sus familias, niños/a, ancianos y enfermos», resume el documento que emplea información facilitada por el puesto principal de la Guardia Civil en Rivas, además de testimonios y denuncias de vecinos que apuntan también esos indicios de cultivo de marihuana.
Dichas parcelas donde se ha confirmado un consumo desmesurado, algo «verificado» por Naturgy, corresponden con zonas donde ha habido «una pugna entre clanes» radicados en Cañada, existe un «olor característico» de la sustancia estupefaciente y aparecen periódicamente «cientos» de macetas y tiestos, tal y como relata la Policía local.
NATURGY PEDÍA CONFIRMACIÓN PARA UNA «DESCONEXIÓN ASIMÉTRICA»
Por su parte, la compañía distribuidora remitió ayer un escrito a la Comunidad de Madrid, al Ministerio de Transición Ecológica, a la Delegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Rivas en la que analiza la situación en la Cañada Real.
Primero, el director de UFD, Raúl Suárez, aportaba una serie de datos para ilustrar el nivel de sobrecarga que se produce en la red, pues se cuenta con cuatro clientes dados de alta en los sectores V y VI cuando existen cerca de 1.400 edificaciones en ambas zonas, «muchas de ellas precarias y con instalaciones que suponen un grave riesgo para la seguridad de las personas».
«La realidad demuestra que la mayoría de ellas están conectadas directa e ilegalmente a la red de distribución eléctrica y provocan esas sobrecargas y consiguientes desconexiones automáticas, pues así resulta de los niveles de consumo agregado que se registra en esos dos sectores», prosigue la empresa para alertar también de los problemas de seguridad que entrañan esas conexiones fraudulentas que no tienen certificación técnica ni profesional.
No obstante y sobre la situación de las familias, UFD recalca que algunas de las administraciones abogan por mantener las conexiones de menor consumo, probablemente «ligados» a situaciones familiares, en clara alusión al caso de Rivas.
Sin embargo, la sociedad distribuidora demandaba que se confirmara su capacidad de desconectar sin autorización previa judicial o administrativa. Además, demanda que se le proporcionara «auxilio» de las Fuerzas de Seguridad para ejecutarlas y «mantener que no haya reconexiones».
En este punto explicaba que la normativa actual le faculta para hacer desconexiones ante empalmes de luz ilegales cuando se realiza se hacen sin contar con la pertinente autorización administrativa, y en particular cuando son enganches directos o instalaciones peligrosas.
Pero también aludía al actual decreto del Gobierno central que prohíbe la suspensión de cortes de suministros para población vulnerable mientras dure el estado de alarma por el Covid-19.
En consecuencia, elevó consulta a las administraciones ante la previsible presencia de personas en situación de vulnerabilidad en Cañada Real sobre el criterio para poder aplicar una «desconexión asimétrica». En este sentido, para verificar que el consumo responde a una situación familiar o a actividades ilegales.
«Una vez determinados los puntos que sí deben ser desconectados, la experiencia de esta sociedad distribuidora demuestra que es imprescindible el acompañamiento por la fuerza pública, pues en el pasado se ha encontrado fortísima oposición de quienes deben ser desconectados», recoge UFD para confiar en que esa «hoja de ruta» se pueda ejecutarse «de inmediato» de acuerdo a la «voluntad» de algunas administraciones para aplicar esa desconexión selectiva.
COMUNIDAD LLEVA ESTUFAS
La Comunidad de Madrid en colaboración con la distribuidora eléctrica Naturgy-UFD entregarán este lunes un total de 120 bombonas de butano y 100 estufas de gas para familias residentes en los sectores V y VI de la Cañada Real.
La Vicepresidencia de Derechos Sociales que lidera Pablo Iglesias ya urgió el pasado jueves a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el despliegue de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para llevar a Cañada Real grupos electrógenos del Ministerio de Defensa para restablecer electricidad, tras tres meses con cortes de suministros.
Su homóloga y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, consideró que la situación de la Cañada Real, acrecentada por la ola de frío, es de «emergencia inmediata total» y que requiere «todos los recursos volcados para ayudar a una población en una situación de extrema vulnerabilidad».
