La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona ha decidido procesar al expresidente de la Generalitat Quim Torra por presunta «falta de acatamiento» al no quitar otra vez de la fachada de la Generalitat la pancarta de apoyo a los presos del 1-O.
El auto, constata que Torra colocó la pancarta a favor de los condenados en septiembre de 2019 y no la retiró pese a la orden del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC), lo que la juez considera textualmente contumaz rebeldía.
El Tribunal Supremo confirmó una primera sentencia contra Torra por desobedecer al mantener la pancarta en época electoral: al no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) durante la primera campaña por las elecciones generales de 2019, la causa seguía en el TSJC y pasó a un juzgado de instrucción de Barcelona.
La juez concluye que existen indicios de que Torra cometió «un delito menos grave de desobediencia», y pide a la Fiscalía y a la acusación particular que presenten sus escritos pidiendo pena, ya que se dictó una resolución judicial que obligaba al investigado a retirar la pancarta y no lo hizo.
PROCEDIMIENTO JUDICIAL
El procedimiento se inició en verano de 2019 cuando Impulso Ciudadano presentó ante el TSJC un recurso contencioso administrativo para retirar la pancarta a favor de los líderes independentistas presos y un lazo amarillo del balcón de la Generalitat tras las elecciones generales y municipales, ya que «se vulneraba la neutralidad de las administraciones».
El 19 de septiembre de 2019, el TSJC estimó la petición cautelar de Impulso Ciudadano para que se quitase la pancarta y «acordó requerir personalmente al President de la Generalitat para que en un plazo de 48 horas a contar desde el requerimiento, retirara de la fachada del Palau la pancarta y el símbolo objeto del proceso», y Quim Torra manifestó que no retiraría la pancarta.
El 27 de septiembre la pancarta seguía puesta en el balcón: se ofició a los Mossos d’Esquadra para su retirada y se informó a la sala Penal del mismo tribunal que Torra había cometido un presunto delito de desobediencia.
A principios de este año se inició el procedimiento penal contra el expresidente, que ya había sido condenado por el mismo tribunal y había sido inhabilitado como diputado por la Junta Electoral Central, y, el mismo día que se lo comunicaron, Torra volvió a colocar la pancarta en la Generalitat.
Al ser inhabilitado de la Generalitat con la confirmación de su primera condena por desobediencia, el Juzgado de Instrucción se hizo cargo de la investigación, y la Fiscalía e Impulso Ciudadano pedirán pena por un delito de desobediencia.
