Comienza la cuenta atrás para conocer el fallo por el juicio del procés. Aún no se sabe el día exacto, pero todo apunta a que se publicará, según las previsiones, antes del 16 de octubre. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, tendrá que decidir si los doce políticos independentistas acusados realizaron conductas enmarcadas dentro de los delitos de rebelión, sedición o malversación, como sostiene la Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular de Vox.
Los hechos juzgados se concentran en el tiempo que duró el proceso que terminó con la promulgación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) el 27 de octubre de 2017. Mediante las declaraciones de los acusados, testigos y peritos, más las pruebas, se intentará esclarecer si en las jornadas previas a la DUI hubo altercados violentos o tumultuarios que serían constitutivos de delitos de rebelión o sedición, tipificados como dos de los más graves del Código Penal. En concreto, el presunto “alzamiento violento” se habría producido en los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017.
Como supuestos causantes o incitadores de estas acciones hay un total de doce personas, políticos y civiles, acusadas. La mayoría continúa en prisión actualmente, mientras que hay otros que, a pesar de pasar un tiempo entre rejas, ahora se encuentran en libertad a la espera de la resolución judicial. También hay otros políticos presuntamente implicados que huyeron del país para evitar ser detenidos.
ORIOL JUNQUERAS
Oriol Junqueras era el exvicepresident de la Generalitat en esos momentos. El también exdiputado del Congreso de los Diputados lleva en prisión desde el 2 de noviembre de 2017. El líder de ERC ha intentado pedir su libertad provisional en varias ocasiones, defendiendo que él es un político “pacifista”, “antes que independentista”. Sin embargo, siempre le ha sido denegada ante la alegación de que existe un alto riesgo de fuga. Una justificación para mantenerlo en prisión alentada por la salida del país de otros acusados, como es el caso del expresident Carles Puigdemont.
La Fiscalía pide para él 25 años de cárcel por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, porque considera que Junqueras, junto a otros compañeros, era “plenamente consciente de la ilicitud del proceso de secesión que venían impulsando, de la patente ilegalidad de la iniciativa referendaria, y de la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos”. La Abogacía del Estado pide 12 años por sedición y malversación, mientras que la acusación popular eleva la petición hasta 74 por rebelión, malversación y organización criminal.
JOAQUIM FORN
Al igual que Junqueras, Joaquim Forn, exconseller de Interior, entró en prisión el 2 de noviembre de 2017. La Fiscalía le acusa de los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos y pide por ello 16 años de cárcel y los mismos de inhabilitación. La Abogacía del Estado rebaja esa petición a 11 años y medio por los delitos de sedición y malversación, mientras que la acusación popular representada por Vox lo eleva a 74 años por rebelión, malversación y organización criminal y 20 de inhabilitación.
Forn, que asumió al cargo tres meses antes de que se declarara la DUI, siempre ha insistido en que todo estaba organizado antes de su llegada. Sin embargo, tanto el juez instructor como la Fiscalía le consideran responsable por ordenar a los Mossos d’Esquadra que permitieran la celebración del 1-O. Un hecho que él niega.
JORDI TURULL
Jordi Turull, exportavoz del Govern y exconseller de la Presidencia, también entró en prisión el 2 de noviembre de 2017. Tres meses más tarde quedó en libertad provisional, pero tras el auto de procesamiento volvió a prisión en marzo de 2018. La acusación le sitúa como el principal responsable de los aspectos logísticos y la comunicación del referéndum ilegal del 1 de octubre.
La Fiscalía reclama para él 16 años de prisión e inhabilitación por rebelión y malversación; la Abogacía del Estado, 11 y medio solo por sedición y malversación; y Vox, 74 años, por rebelión, malversación y organización criminal, más 20 de inhabilitación.
CARLES MUNDÓ
Carles Mundó era el conseller de Justicia en el momento en el que se hizo la declaración unilateral de independencia. Entró en prisión en noviembre, pero fue puesto en libertad bajo fianza un mes después. En enero de 2018 renunció su acta como diputado y abandonó la política activa.
Mundó es uno de los tres dirigentes que no está acusado de rebelión. La Fiscalía pide para él siete años de cárcel y 16 de inhabilitación, más una multa de 30.000 euros. La Abogacía del Estado también solicita siete años de prisión, pero solo 10 de inhabilitación. Por su parte, la acusación de Vox eleva la condena a 24 años porque también añade el delito de organización criminal más 20 años de inhabilitación.
JOSEP RULL
Al igual que Turull, Josep Rull, exconseller de Territorio y Sostenibilidad, fue encarcelado en noviembre de 2017, puesto en libertad tras un mes y volvió a prisión en marzo de 2018. El exdirigente está acusado, junto a otras organizaciones, de formalizar el “concierto de actuación ilegal mediante el acuerdo de una hoja de ruta” para el proceso independentista en marzo de 2015. La Fiscalía solicita 16 años de cárcel e inhabilitación por rebelión y malversación; la Abogacía del Estado, 11 años y seis meses por sedición y la acusación popular 74 años por rebelión, malversación y organización criminal.
RAÜL ROMEVA
Raül Romeva, exconseller de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales, ingresó a la par que sus compañeros del Govern, fue puesto en libertad al mes y volvió a prisión nuevamente en marzo. Se enfrenta a las mismas penas que Turull, Forn o Rull. El Ministerio Público entiende que la consejería de Romeva fue clave para tramitar el voto del 1-O a aquellos catalanes que estaban fuera de la comunidad, entre otras cuestiones.
DOLORS BASSA
La exconsellera de Trabajo y Asuntos Sociales, Carme Bassa, vive una situación semejante a la de Romeva o Rull y se encuentra en prisión desde marzo de 2018. También se enfrenta a las mismas penas que ellos. Según la Fiscalía, Bassa, presuntamente, fue una de las organizadoras de los centros de votación del 1-O y participó en la movilización social, entre otras cuestiones.
MERITXELL BORRÀS
Mertixell Borrás, exconsellera de Gobernación, es uno de los miembros del Govern que actualmente se encuentra en libertad provisional. Borràs solo permaneció en prisión poco más de un mes de noviembre a diciembre de 2017. Al igual que Mundó, no está acusada por rebelión, solo por malversación y desobediencia, por lo que se enfrenta a los mismos delitos y penas que el exconseller de Justicia. Se le acusa de haber autorizado gastos para el referéndum desde su consejería.
SANTI VILA
El exconseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, es el dirigente independentista acusado que menos tiempo ha pasado en prisión, solo una noche. Vila dimitió de sus cargos antes de la DUI, pero eso no le ha hecho evitar ser juzgado por malversación y desobediencia. Sin embargo, sí que se le considera responsable de haber participado hasta el final en la puesta en marcha del referéndum. Por lo tanto se enfrenta a las mismas penas que Borràs y Mundó.
CARME FORCADELL
Junto a Turull, Rull, Romeva y Bassa, Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, volvió a la prisión en marzo de 2018 cuando le fue comunicado su procesamiento por rebelión (hasta el momento ninguno de ellos lo estaba por ese delito). Su principal acusación es la de favorecer la votación de un conjunto de leyes encaminadas a declarar la independencia. Forcadell se enfrenta a 17 años de prisión e inhabilitación a petición de la Fiscalía; la Abogacía del Estado pide diez, mientras que Vox exige 62 años.
JORDI SÁNCHEZ
Jordi Sánchez, expresidente de la ANC, es uno de los encarcelados que más tiempo lleva en prisión. Entró el 17 de octubre de 2017. Principalmente está siendo investigado por los hechos ocurridos durante los incidentes ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre. Ese día unas 40.000 personas se concentraron en la puertas de la institución para supuestamente evitar la operación de la Guardia Civil contra la celebración del referéndum. Una concentración convocada por la ANC y Òmnium Cultural. Por esta actuación, la Fiscalía solicita para Sánchez 17 años de prisión, mientras que la Abogacía del Estado pide 8 años. La acusación popular le acusa de rebelión y organización criminal, por lo que la condena se eleva a 62 años.
JORDI CUIXART
Jordi Cuixart es el único de todos los procesados que sigue manteniendo su cargo, presidente de Òmnium Cultural. Cuixart también es el único que no posee ningún puesto político, ya que Sánchez si ha sido posteriormente diputado del Parlament. Cuixart se enfrenta a la misma pena por los mismos hechos que el expresidente de ANC. Además, el Ministerio Público le acusa de colaborar en el diseño de la estrategia para lograr la independencia. También está en prisión desde el 17 de octubre de 2017.
CARLES PUIGDEMONT Y EL RESTO DE HUIDOS
El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont continúa huido en Waterloo (Bélgica). El exlíder catalán se fue del país el 29 de octubre de 2017, dos días después de declarar la DUI y antes de que fuera encarcelado como el resto de su equipo de Govern. España tramitó una orden de detención internacional, pero la retiró porque ni Bruselas ni Alemania consideraron extraditar a Puigdemont por el delito de rebelión.
Su partida sirvió de ejemplo a otros miembros del Govern. En una situación semejante se encuentran los exconsellers Lluís Puig (Cultura), Meritxell Serret (Agricultura, Ganadería y Pesca) y Antoni Comín (Salud), que están en Bélgica. A Suiza se trasladaron las diputadas Marta Rovira (Junts pel Sí) y Anna Gabriel (CUP). Mientras que la exconsellera Clara Ponsatí (Educación), se marchó a Escocia. Todos ellos serían juzgados por el procés, además de por otras cuestiones, si volvieran a España.
