El Consejo de Gobierno Vasco ha autorizado este martes la firma de un convenio con el Ministerio del Interior para la implementación, a través del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, de procesos integrales de inclusión sociolaboral de personas presas en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Estas actuaciones se financian con una partida anual incluida en los Presupuestos generales de Euskadi de 500.000 euros.
El objetivo del convenio es facilitar a las personas privadas de libertad el reconocimiento de los derechos que les corresponden como parte activa de la sociedad, mediante el establecimiento de procesos integrales de inclusión sociolaboral en la propia realidad del cumplimiento de las penas.
El proceso de inclusión sociolaboral se construye con una fase primera de diagnóstico, seguida de la realización de un itinerario personalizado de inserción, que incluye la orientación a la formación y el empleo, la formación profesional para personas con bajo perfil de empleabilidad y el acompañamiento en la inserción social y laboral a personas empleables.
Conforme al convenio, los equipos de tratamiento de los centros penitenciarios contribuyen a la selección de las personas candidatas a participar en los diferentes programas, así como al seguimiento y supervisión de los mismos, de forma coordinada con la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco y con las entidades colaboradoras.
Por su parte, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales financia las citadas actuaciones para la implementación de los itinerarios de inclusión sociolaboral, que pueden consistir en salidas programadas y campos de trabajo, recursos residenciales y de alojamiento, recursos de deshabituación para personas drogodependientes, centros de formación y capacitación y centros de orientación y acompañamiento para el empleo.
La prestación de los recursos de inclusión se materializa por entidades colaboradoras sin ánimo de lucro a través de las convocatorias anuales de subvenciones que se realizan por el Departamento para escoger los proyectos y programas más adecuados.
Con la firma del nuevo convenio se da continuidad a la línea de colaboración con instituciones penitenciarias para posibilitar la reinserción social de las personas penadas, adaptándola a la actual regulación de los convenios interadministrativos y también a la actual regulación de protección de datos personales.
COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIAS
El convenio se enmarca en las competencias reconocidas estatutariamente a Euskadi de ejecución de la legislación penitenciaria del Estado y para la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos penitenciarios y de reinserción social, aunque aún no se haya materializado su traspaso pendiente.
El nuevo convenio tiene una vigencia de cuatro años, con posible prórroga por otros cuatro años, aunque el Ejecutivo vasco ha destacado que «la efectividad del traspaso de los medios y servicios relativos a instituciones penitenciarias a Euskadi obligará a replantear sus términos».
«La proximidad de tal traspaso no es óbice para proceder a la firma del convenio, dado que es necesario dar continuidad a los servicios de reinserción sociolaboral de personas penadas actualmente existentes en Euskadi gracias al convenio», ha indicado.
