El Gobierno tiene aún pasos delicados que dar antes de realizar la exhumación de Franco. La decisión del Tribunal Supremo de avalar las pretensiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez suponen un espaldarazo a un proyecto que ha estado plagado de incidencias. Pero el camino no está despejado del todo.
Ahora, las incógnitas están en lo que decida un juez ordinario sobre el recurso contra la concesión de la licencia de obras y la posición final del prior del Valle de los Caídos, hasta el momento fiel a los deseos de la familia Franco. A esto se suma el recorrido que pudiera tener un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o incluso ante el Tribunal de Estrasburgo.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado contra la exhumación. De esta manera, la suspensión cautelar de la misma ya no surte efecto. Este Tribunal había paralizado la decisión del Gobierno de que la extracción de los restos de Franco y su traslado al cementerio de Mingorrubio, cerca del palacio de El Pardo, fuera el pasado 10 de junio.
Una vez que ya no existe suspensión cautelar, al Ejecutivo sólo le queda por superar la decisión del juez que estudia si la licencia de obras, aprobada por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, es legal.
Esta otra suspensión se produjo después de que el círculo de simpatizantes del dictador recurriera a varios juzgados intentando paralizar la exhumación por esta vía. El intento dio fruto finalmente con la decisión del juez José Yusty, que suspendió cautelarmente la obra necesaria para sacar los restos de Francisco Franco.
Otro frente es el eclesiástico. El prior del Valle de los Caídos se negó a autorizar la entrada en la Basílica cuando lo solicitó el Gobierno. El Ejecutivo contraatacó con un acuerdo en el que quiso dejar claro que aunque la Basílica del Valle de los Caídos es un lugar de culto, la inviolabilidad que la protege no significa que no pueda realizarse la exhumación. El Gobierno señaló que puede actuar dentro de este recinto sin que signifique violar los principios de libertad religiosa, que son los que considera que se encuentran amparados por los acuerdos con la Santa Sede.
LA AUTORIDAD SOBRE LA EXHUMACIÓN DE FRANCO
El prior no responde jerárquicamente ante los obispos españoles, con lo que las gestiones del Gobierno ante estos no obtuvieron un fruto directo. Aún así, la Iglesia católica ha señalado que respetará la legalidad y lo que decidan los tribunales. El abogado de la familia Franco esperaba que finalmente sea el Vaticano el que decida sobre la posición final que adopte el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. La decisión ha sido la misma que expresaron hace meses: obedecer lo que diga la autoridad competente. Esta autoridad, según aclararon en su momento, era el Tribunal Supremo.
Los restos de Franco irán a parar, si todo sigue su cauce, al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. Este fue el lugar decidido por el Gobierno después de que no admitiera la pretensión de la familia de llevarlos a la cripta de la catedral de La Almudena, en el centro de Madrid. Aquí se abre una nueva incógnita, ya que, tras la nueva inhumación en El Pardo, la familia podría intentar volver a llevarse los restos a otro lugar, aunque no sea la catedral madrileña.
La salida de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos es también un paso importante a la hora de dar un nuevo significado a este lugar. Para ello, el partido socialista ha planteado una nueva regulación legal que derogue los decretos aprobados durante el franquismo. Estos decretos son los que, por ejemplo, concedieron el poder que aun hoy ostentan los monjes benedictinos.
El grupo parlamentario socialista presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados en la que describe el futuro que pretende que tenga el Valle de los Caídos. La fórmula por la que pretendía realizar ese cambio (que ahora decae al disolverse las Cortes) incluía una reforma del tratamiento que este lugar tiene en la Ley de Memoria Histórica.
La nueva redacción que propuso el grupo socialista eliminaba la referencia de la ley actual sobre que en el Valle de los Caídos se deben aplicar las normas propias de los lugares de culto. El lugar sería considerado estrictamente un cementerio civil. No obstante, los socialistas dejaron en el aire la solución que se adoptaría finalmente. Esta solución quedaría regulada con los nuevos decretos que sustituyeran a los franquistas.
Con este cambio, el Gobierno tendría la posibilidad de terminar con la presencia de los monjes benedictinos en la abadía del Valle de los Caídos. Incluso podría eliminar la presencia de cualquier congregación religiosa en el lugar. El enorme mausoleo situado en el valle de Cuelgamuros forma parte de Patrimonio Nacional, el ente público que gestiona los bienes adscritos a la Corona. Curiosamente, en le web de este organismo no está disponible el enlace a la información histórica sobre el lugar. Según los decretos franquistas, la gestión de este lugar está delegada en el prior de la abadía del Valle.
